La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene casi terminados los proyectos de revisión del gasto público de 2019 y está trabajando ya en los de 2020, pero se ha topado con algunas trabas por parte del Gobierno central, que se muestra "reticente" a que desempeñe su labor, según ha podido saber Vozpópuli.
El primer proyecto que desarrollará en 2020 será un estudio para ver cómo se puede desarrollar una ley nacional que institucionalice la labor de la Airef, es decir, que fije una obligación legal de que esta institución controle todas las medidas del Gobierno, su ejecución y su utilidad y haga públicos sus resultados.
Como contó este medio, este primer estudio será financiado por la Unión Europea, ya que la institución que hasta hace unos días presidía José Luis Escrivá solicitó a la UE que corriera con los gastos de este proyecto, pero la Administración Central no parece tan satisfecha con la idea de tener un controlador permanente.
"Se ha solicitado financiación del Servicio de Apoyo a Reformas Estructurales de la UE, habiéndose encontrado algunas reticencias de la Administración española", lamentaba antes de dejar el cargo el propio Escrivá.
Para institucionalizar esta labor, la Airef está preparando un "benchmarking" para comparar el gasto público español con el del resto de países de la OCDE y de la UE. El exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos con el PP, Alberto Nadal, gemelo del exministro de Energía Álvaro Nadal, y vocal del gabinete de la Airef, se está ocupando de esta comparación.
En principio se ha estudiado el gasto público en servicios policiales, justicia, prisiones y servicios de extinción de incendios, pero el Consejo Asesor de la Airef es partidario de que el estudio se amplíe a otras áreas de gasto público.
Qué estudiará la Airef en 2020
Además de este proyecto, en esta tercera fase del Spending Review la Airef estudiará gastos de la Administración de Justicia; gastos que hace el Estado destinados a las familias (transferencias sociales, prestaciones en especie y beneficios fiscales); la gestión de los residuos de los Ayuntamientos; el gasto en dependencia; gasto en educación universitaria (empezando por algunas universidades de Andalucía) y contratación pública.
Estos estudios pondrán fin al compromiso que adquirió España en la actualización del Plan Presupuestario remitido a la CE el 9 de diciembre de 2016.
Los análisis de la primera fase de estudio ya fueron remitidos al Gobierno y presentados públicamente en junio del año pasado. Los de la segunda fase (sobre gasto hospitalario, transporte ferroviario, beneficios fiscales y bonificaciones a la contratación) ya están muy avanzados y la Airef no descarta "presentarlos a corto plazo".
Sus resultados preliminares ya están en manos del Ejecutivo, que se servirá de sus conclusiones para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
