Venezuela sigue ocupando espacio en la agenda del Gobierno. Este martes, el empresario hispanovenezolano Raimundo Santamarta anunció la presentación de una solicitud de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela en la que reclama una indemnización de al menos 200 millones de dólares tras la confiscación SM Pharma, su empresa farmacéutica.
Santamarta, de origen asturiano, se ha puesto en manos de los despachos de abogados de Bernardo Cremades en España y WDA Legal en Estados Unidos para pilotar su ofensiva legal tras no alcanzar un acuerdo amistoso con Venezuela. Hace un año, cuando el empresario denunció la confiscación de su compañía, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en que manifestaba su apoyo sin ambages y denunciaba la ilegalidad del proceso.
Este pronunciamiento no es baladí para la familia Santamarta, que lo ha incluido en la solicitud de arbitraje a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Ahora, en plena crisis por el viaje de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el empresario espera que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se reafirme con otro comunicado público.
A lo largo del escrito de casi 50 páginas, Santamarta y sus abogados narran cómo entre 2015 y 2018 el Gobierno venezolano “tomó una serie de medidas encaminadas a obstaculizar el negocio farmacéutico”, todas ellas “discriminatorias y arbitrarias que llevaron primero, entre otras cosas, a la destrucción de las materias primas y capacidad de generar valor y, por último, a la confiscación ilegítima de los bienes de las sociedades [de los Santamarta], despojándolo así por completo de su inversión”.
Dado que el arbitraje se presenta contra el Gobierno y en Venezuela hay "una crisis en torno a la legitimidad de quién ocupa la presidencia" entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó (este último reconocido por más de 50 países, entre ellos España), los abogados no han querido pillarse los dedos y han optado por incluir en el arbitraje a ambos mandatarios. De esta forma, no se podría argumentar más adelante que no fue válidamente notificado.
El origen de las inversiones en Venezuela
El origen de las inversiones de la familia Santamarta en Venezuela se remonta a 1997, cuando los padres del hoy demandante fundaron Laboratorios SM para producir medicamentos y productos farmacéuticos. En el año 2000, la empresa pasa a denominarse SM Pharma. Antes de la expropiación, la empresa daba trabajo directo e indirecto a cerca de 500 personas y producía 63 millones de unidades de 200 distintos tipos de medicamentos, los cuales eran vendidos a más de 360 clientes mayoristas y minoristas por todo el país, según consta en el escrito.
Según se recoge en la solicitud de arbitraje, el Gobierno tomó en 2018 el "control efectivo sobre las operaciones de las instalaciones, oficinas, materia prima, marcas registradas, patentes y equipos de SM Pharma y Grupo SM", esta última sociedad 'holding'. Además, los abogados denuncian que el "acoso y persecución personal" que ha sufrido la familia les impide volver a Venezuela.
Esta toma de control se produjo después de que el Gobierno abriese inspecciones en mayo de 2015 a los laboratorios y les acusase de "acaparamiento, especulación, boicot, usura, desinformación y cualquier otra distorsión propia del modelo capitalista que afecta el acceso a los bienes o servicios declarados como de primera necesidad". Posteriormente, terminaría haciéndose con el control de toda la producción y distribución de los medicamentos de SM Pharma. El 3 de septiembre de 2018, las autoridades locales firmaron la expropiación forzosa de la compañía, lo que Maduro resumió en "otra corporación recuperada por la revolución".
