La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) trabajan en la elaboración de un convenio marco para facilitar la evaluación del gasto público. El organismo que preside Cristina Herrero lleva tiempo reclamando una mejora del acceso a la información y los datos para asegurar su base empírica y, en este sentido, el INE juega un papel clave.
En este sentido, ambas instituciones llevan más de un año trabajando en la definición de los protocolos para la transmisión de la información para poner en marcha un convenio marco, siempre salvaguardando el secreto estadístico y la confidencialidad de los datos, según informan desde el INE a Vozpópuli.
Hace unos meses, en septiembre de 2021, la AIReF puso en marcha la nueva División de Evaluación del Gasto Público en el marco del Plan Estratégico 2020-2026, sumándose a la División de Análisis Económico, a la División de Análisis Presupuestario y a la División Jurídico-Institucional.
Lo hizo para dar cumplimiento al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), al que están vinculados los fondos europeos. En el componente 29 de dicho Plan se reconoce la utilidad de las evaluaciones de la AIReF y el Gobierno se compromete a “dar continuidad y permanencia a los ejercicios de revisión del gasto creando una división permanente de Spending Review en el seno de la AIReF”.
No obstante, en el ejercicio de sus funciones, la AIReF había realizado ya diversas evaluaciones del gasto público por encargo de la Administración Central (como las dos fases del Spending Review y el Estudio de los Programas de Rentas Mínimas en España) y de las Administraciones Autonómicas.
En este sentido, contaba con convenios de colaboración con algunas instituciones como el Banco de España (BdE), pero no con el INE, una fuente de la que se quiere 'beber' para diferentes estudios. También pretenden ampliar los acuerdos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para hacer una evaluación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según confirmó Cristina Herrero hace unas semanas.
Más acceso a los datos
"Encargar una evaluación es algo voluntario y, por ende, lo primero que tiene que hacer una Administración Pública es no poner trabas a la obtención de información", señalaba entonces la presidenta de la AIReF. En este sentido, destacó la importancia de los convenios con los distintos organismos públicos suministradores de información.
Vozpópuli ya informó de que, al menos en el caso del INE, el Ministerio de Hacienda estaba restringiendo la información al organismo autónomo tras la 'trifulca' por el Producto Interior Bruto (PIB), que desde finales de septiembre no evidencia una recuperación tan boyante como el empleo.
En concreto, la Agencia Tributaria dejó de proporcionar al INE los datos adelantados de Ventas, empleo y salarios de grandes empresas y pymes para el avance del PIB tras la revisión a la baja en 1,7 puntos del segundo trimestre de 2021. Desde entonces, la Agencia Tributaria sólo proporciona al INE los datos definitivos que, de hecho, son públicos en su página web.
Asimismo, la presidenta de la AIReF solicitó incorporar a expertos del ámbito privado y académico, pues "no hay un exceso de personal formado en materia de evaluación en el ámbito de lo público". "No podemos estar limitados a los procedimientos aplicados con carácter general a la Administración Pública", añadía la presidenta.
Las actuaciones de la AIReF se van a articular en torno a cuatro ejes estratégicos: la supervisión fiscal en profundidad de todas las Administraciones Públicas; velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas con una visión a largo plazo; hacer de la evaluación de las políticas públicas una actividad central de la AIReF; y el refuerzo de los principios de independencia, transparencia y rendición de cuentas.
El Plan de Actuaciones 2022 se enmarca en un periodo de transición caracterizado por las expectativas de superación de la crisis generada por la Covid-19, la puesta en marcha del Plan de Recuperación y, en principio, por ser el último año de suspensión de las reglas fiscales como consecuencia del mantenimiento de la cláusula de escape prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
