El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, lo tiene claro: es imposible que el Estado y la Seguridad Social cumplan los objetivos de déficit fijados para 2018. España sí cumplirá en términos globales, pero el reparto del desfase será diferente al planteado por el Gobierno en la última actualización del Programa de Estabilidad, que volverá a revisar este mismo mes.
En teoría, la Administración Central tiene que acabar el año con un desfase del 0,7%, que más bien estará en el 1,1% Y la Seguridad Social debería cerrar en el 1,1%, pero mantendrá el déficit en el 1,5% de 2017. Eso sí, por primera vez las previsiones de ingresos que ha incluido el Gobierno para los dos sistemas son realistas. A pesar de los desvíos, la previsión global del 2,2% es "plausible" porque las comunidades se quedarán en el 0,3% y los ayuntamientos volverán a tener un superávit del 0,6%.
La suma da un déficit del 2,3%, solo una décima por encima del objetivo pactado con Bruselas. Y si finalmente se rescatan las autopistas, el desfase subirá al 2,5%, aunque hay que tener en cuenta que este gasto 'one off' y no se consolida. Así que España está dentro de los límites que marca Bruselas, eso sí, casi toda la reducción del déficit será cosa del ciclo económico y del menor pago por la deuda. La reducción estructural del déficit será solo de una décima.
En este contexto, la Autoridad Fiscal es muy crítica con el reparto del déficit que tiende a hacer el Gobierno. "Nos preocupa la técnica de fijación de objetivos", ha dicho Escrivá, que cree que para que las reglas fiscales sirvan para algo, los objetivos deben ser "realistas".
Proponer pactar el ritmo de reducción de deuda para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas
Por este motivo, invita al Gobierno a reflexionar sobre la Ley de Estabilidad para mejorarla, una demanda tradicional de la AIReF. Por lo menos, habría que modificar la disposición que obliga a reducir la deuda al 60% en el año 2020, un objetivo totalmente desfasado en estos momentos. De hecho, ha avisado de que este objetivo no se conseguirá en ningún caso hasta el año 2035.
Escrivá ha hecho una propuesta clara: que los partidos acuerden un ritmo de reducción de deuda que sirva de anclaje para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, con independencia de quien gobierne. De esta forma, cada partido sería libre de elegir políticas de gastos e ingresos cuando esté en el poder, pero manteniendo un ritmo pactado.
