El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las eléctricas para fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares que prolonga la operación de las plantas más allá de los 40 años de su vida útil no acabará con el déficit del fondo destinado a financiar su desmantelamiento pero sí supondrá un considerable alivio. El agujero, calculado en torno a los 2.350 millones de euros se verá reducido aproximadamente en un 80%, debido a que la extensión de la vida de las centrales llevará aparejado el correspondiente incremento de las aportaciones que realizan las plantas nucleares en función de la energía que producen.
La última referencia del déficit que acumulaba el fondo gestionado por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) databa de 2015, cuando un informe del Tribunal de Cuentas lo valoró en 1.800 millones de euros. Precisamente, un documento aprobado recientemente por la institución en el que valoraba el cumplimiento de las recomendaciones que hizo a algunas empresas públicas en aquel año ha procedido a actualizar la cifra del agujero del fondo, que se sitúa en unos 2.350 millones de euros.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas aclara en sucesivas notas al pie de página que los cálculos no incluyen el citado acuerdo entre el Gobierno y las compañías eléctricas para el cierre flexible y escalonado de las centrales, conforme a lo previsto en el Plan Integrado de Energía y Clima, cuyo borrador remitió el Ejecutivo a la Comisión Europea el pasado mes de febrero.
"El mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR), supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las centrales nucleares, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR", aclara el Tribunal.
Un agujero creciente
La ampliación del periodo de operaciones de las centrales supone alargar su vida hasta los 45,7 años de media. Es decir cerca de seis años más en los que los propietarios de las centrales seguirán aportando al fondo de Enresa en virtud de su producción. En los últimos años, esta contribución ha estado en el entorno de 360 millones de euros, resultado de multiplicar los gigawatios/hora de producción por una tasa de unos 6,7 euros.
En su reciente informe, el Tribunal de Cuentas recoge que Enresa estimaba un flujo de costes para el periodo 2019-2089 de 9.708 millones de euros, mientras que el fondo presentaba un saldo de 5.187 millones al cierre de 2018. Por lo tanto, la cantidad a recaudar durante el periodo de operación de las centrales para financiar por completo las operaciones ulteriores al fin de la vida de las plantas se sitúa en 4.541 millones.
Con el escenario de los 40 años de vida útil, y una producción estable por parte de las centrales, los cálculos del Tribunal establecían que el fondo sería alimentado con 2.623 millones de euros más, lo que arrojaba un déficit de 1.919 millones.
La previsión del sector
A esta cantidad había que añadirle la correspondiente a la tarifa eléctrica, que acumula también un déficit de 435 millones de euros. Este desequilibrio será difícil de solventar. Sin embargo, aunque el Tribunal de Cuentas no entra en realizar los cálculos actualizados, las aportaciones resultado de los años de operativa adicionales incrementarán el fondo en algo más de 1.800 millones de euros, lo que reducirá de forma considerable el agujero de Enresa.
La pasada semana, Foro Nuclear, la patronal que agrupa las principales compañía del sector, apuntó que la inquietud por la situación del fondo de Enresa había disminuido considerablemente como consecuencia del acuerdo que otorgaba a las centrales unos cuantos años más de operación. Su presidente, Ignacio Araluce, aseguró en un encuentro con medios que el déficit del fondo de Enresa se reduciría de forma notable, aunque evitó realizar estimaciones concretas.
