La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y las entidades financieras cederán a las administraciones 26.000 viviendas de su propiedad para alquiler social, de ellas 15.000 de la Sareb y 11.000 de los bancos, aunque de éstas solo 2.000 son nuevas aportaciones.
Tras la firma del protocolo en Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que de las 10.000 unidades que la Sareb cede al Estado 5.000 se van a poner a disposición a corto plazo para atender situaciones de vulnerabilidad y las otras 5.000 serán a medio plazo.
Estas se sumarán a las 5.000 que el llamado 'banco malo' ha acordado con diversas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que hará que el paquete global del Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables alcance un total de 15.000 pisos.
A cambio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se hará cargo del coste de la rehabilitación y el adecuamiento de las viviendas que lo necesiten antes de ser arrendadas por un precio fijado y unas condiciones limitadas.
Por otro lado, las entidades financieras aportarán vivienda de su propiedad a precios reducidos para familias que han perdido su casa por impago de la hipoteca o como resultado de una dación en pago.
El compromiso de las entidades es aumentar en un 10% el número de viviendas que ya aportan al fondo, y que actualmente es de 9.000 unidades, con lo que a partir de ahora serán 11.000.
El acuerdo del Gobierno con la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector amplía de esta forma su vigencia hasta enero de 2022.
1.000 millones de los fondos europeos
Tras asegurar que para el Gobierno la política de vivienda es un "eje prioritario" y que está "decidido a acelerar las respuestas" al problema de los elevados precios y a renovar el parque público de viviendas de alquiler, Sánchez ha sostenido que el de hoy es un "gran paso" para favorecer que los grandes tenedores pongan parte de su cartera a disposición de las personas con vulnerabilidad.
Un gran paso -ha dicho- que se une a otros aprobados por el Gobierno esta legislatura, como el plan de vivienda para alquiler asequible, las medidas de choque coyunturales y estructurales adoptadas desde 2018 y la aprobación de los presupuestos generales para 2021.
Para financiar el plan de alquiler asequible (antes plan 20.000) el Gobierno utilizará 1.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, lo que permitirá que el parque público ronde los 24.000 pisos.
De los 2.250 millones de euros presupuestados en 2021 para vivienda, más de 560 millones se destinarán a políticas sociales y 1.550 millones a la rehabilitación de entornos residenciales.
La suspensión de desahucios, medida coyuntural
Entre las medidas "coyunturales" Sánchez ha citado la suspensión de los desahucios, la prórroga automática en los contratos de arrendamiento, la moratoria del pago a grandes tenedores, la línea de avales ICO y la ampliación de los criterios de vulnerabilidad económica para su adaptación a la crisis de la covid-19.
Ha recordado que el Gobierno está "preparando la primera ley estatal de vivienda de la democracia", pero ha hecho hincapié en que el plan de alquiler asequible, dirigido a crear un gran parque público y permanente de alquiler social es el "buque insignia de la nueva política de vivienda del Ejecutivo".
"La vivienda debe dejar de ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación para personas en situación de vulnerabilidad y para aquellas que viven en zonas donde la renta se ha disparado", ha afirmado Sánchez ante representantes del sector financiero.
En el acto la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, han suscrito el Protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas, con el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen.
