Los hemanos mexicanos Amodio, al frente de la multinacional española OHLA (antes OHL), se ponen duros con la Comunidad de Madrid, y rechazan 162 millones por las obras del tren que debía unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, exigiendo al menos 289 millones.
Cemonasa, filial de OHLA, ha interpuesto recurso de reposición ante la reciente Providencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, en la que se ha decidido suspender la votación y fallo del recurso contencioso administrativo, previsto para mañana, sobre la demanda de 289 millones de euros presentado por la compañía contra la Comunidad de Madrid por las obras del tren de Navalcarnero.
La filial de OHL se adjudicó en 2007 la construcción y concesión de la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero. Las obras del tren se paralizaron en 2010. Cemonasa entró entonces en concurso de acreedores, dándose inicio en los tribunales una serie de reclamaciones millonarias entre la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir y la Comunidad de Madrid, un conflicto que dura ya tres años.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó el 1 de diciembre abonar a la constructora 162,4 millones
Hasta ahora, las demandas de la Comunidad de Madrid contra la compañía se han estrellado en el TSJM y el Tribunal Supremo, quedando ya tan solo pendiente de dirimir en los Juzgados la reclamación millonaria de la constructora española, que debía resolverse mañana.
Sin embargo el TSJM, en Providencia del 10 de diciembre, ha decidido suspender la votación y fallo del recurso que estaba previsto para el 15 de diciembre, después de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el pasado 1 de diciembre, acordara abonar a la constructora 162,4 millones de euros por las obras ferroviarias.
El organismo explica que ha recibido escrito del Letrado de la Comunidad de Madrid de 1 de diciembre poniendo en conocimiento la "existencia de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2021, relativo a la autorización de un gasto por importe de 162.495,773,41 euros (...)", por las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero.
El TSJM sostiene que el acuerdo de la Comunidad de Madrid afecta "sin duda" al fallo sobre la demanda de OHLA
El pasado 1 de diciembre, Fabio Pascual Mateo, Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno, certificó que, a propuesta del Consejero de Transportes e Infraestructuras, se había acordado autorizar el gasto de 162,49 millones de euros "correspondientes a la cantidad fijada por la resolución del contrato de concesión de obra pública", referida a la construcción de la línea de transporte ferroviario entre Móstoles y Navalcarnero.
De esa cantidad, 123,38 millones corresponden a las inversiones realizadas en ejecución de obras, y 39,1 millones a los intereses de demora, estimándose como fecha de pago el 31 de diciembre de 2021.
El TSJM sostiene, en su Providencia de 10 de diciembre, que esa decisión del Consejo de Gobierno autonómico afecta "sin duda" al fallo previsto para mañana día 15 de diciembre, por lo que, afirma, "hace necesario esperar a que sea dictada para la correcta Resolución de este proceso".
La pretensión de OHLA
Para OHLA, la reciente decisión del TSJM de retrasar el fallo es "fraudulenta" y recuerda que su pretensión económica es muy superior a los 162,5 millones ofrecidos por la Comunidad de Madrid.
OHLA advierte que la decisión del TSJM es "claramente dilatoria, fraudulenta"
En su recurso de reposición, la compañía advierte que la decisión de suspender la votación y fallo del recurso es una iniciativa que se revela "como claramente dilatoria, fraudulenta", y "merecedora del reproche y las consecuencias previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
"Nuestra pretensión, desde el plano cuantitativo, supera los 289 millones de euros", subraya la compañía. "La demandada plantea un gasto que apenas supera los 162 millones. La diferencia de criterio parece evidente", añade.
La constructora española reclamó en un principio a la Comunidad de Madrid 353 millones de euros, en base a un informe elaborado por la consultora PwC, por las obras realizadas, no completadas, del tren de Navalcarnero. Posteriormente rebajó la cantidad a 289 millones al tener que retirarse de dicha pretensión económica la cantidad requerida por daños y perjuicios.
Tiempo ha tenido la Administración en estos más de tres años de litigio, para reconsiderar sus posiciones", lamenta OHLA
"Tiempo ha tenido la Administración, a lo largo de estos más de tres años de litigio, para reconsiderar sus posiciones, si así lo hubiese considerado", lamenta OHLA en su recurso. "Claro el objeto litigioso y claras las pretensiones de las partes (...), el órgano judicial ha de resolver", destaca.
"Lo que se plantea ahora de contrario viene a ser, como mucho, una divergencia en la cantidad a abonar a mi mandante, que ni altera la virtualidad de nuestra pretensión (cuantitativamente superior) ni es apta para alterar los términos del debate tal y como ha quedado definido en un proceso ya concluso", argumenta.
La constructora española insiste en que, lo que resulta "a todas luces evidente es que un futurible -incluso una Resolución ya emitida- no puede alterar la deliberación y fallo de un recurso pendiente desde el año 2018 y al que la Administración se ha opuesto de forma enconada".
La Sala, subraya, "ha de resolver ya", defiende OHLA, ya que no necesita "ninguna actuación administrativa para decidir un proceso concluso ni, mucho menos, está subordinado el órgano judicial a futuras iniciativas de la Administración, carentes, por ello, de virtualidad actual".
