La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), los llamamos organismos independientes, se han colocado bajo el escrutinio del Congreso en la forma de un informe que plantea limitar su independencia y que propone que el Gobierno pueda incluso suprimirlos. Un informe que firman los Grupos Socialista y Más País y que excluye de esta lista al Banco de España. Los Grupos han planteado enmiendas. Pues bien, precisamente las de socialistas y del grupo del que es portavoz Íñigo Errejón advierten de que lo que contiene el informe podría aplicarse al Banco de España.
Llama la atención que Podemos no ha planteado enmiendas. Sí lo han hecho el resto de grupos a un informe que desde el Grupo Popular muestran su preocupación no sólo porque pueda anticipar un proyecto legislativo en este sentido sino porque la mera aprobación de este informe en el Congreso ofrece un mensaje a los mercados de incertidumbre e inseguridad jurídica y puede poner en peligro los fondos europeos.
El informe nace en el seno de la Comisión para la auditoria de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Y en concreto, de la Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.
El texto contiene consideraciones de índole técnico sobre las administraciones independientes pero en sus primeros puntos ya presenta un epígrafe sobre 'La legitimidad democrática de las administraciones independientes', en el que plantea dudas sobre ésta, pide limitarlas y aboga por que el Gobierno pueda suprimirlas: "Además de estar motivada, la creación de administraciones independientes debe estar materialmente limitada aquellos ámbitos en los efectivamente sea posible adoptar decisiones con base en criterios exclusivamente técnicos. De lo contrario, se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad de origen o de ejercicio con que cuenta el Gobierno. El ejercicio de su independencia no puede afectar a que se trata de órganos administrativos, cuya decisión sobre su continuidad no puede ser ajena al poder ejecutivo que debería disponer de las potestades suficientes para promover o acordar su disolución mediante un régimen homogéneo".
En lo relativo a Banco de España, del que se dice que no es autoridad administrativa independiente, una enmienda del PSOE así lo traslada, pero advierte de que esto no quiere decir que el informe "se tenga que ceñir, exclusivamente, a las autoridades administrativas independientes, aunque como es lógico, éstas van a ser el objeto principal de su atención".
A su vez, una enmienda de Más País redactada en términos muy similares plantea que el Banco de España, junto con otros organismos, no pertenece jurídicamente a las autoridades administrativas independientes, pero apunta que el informe "no se tiene que ceñir, exclusivamente, a las autoridades administrativas independientes aunque como es lógico éstas van a ser el objetivo principal de su atención". Y apostilla: "No obstante lo anterior, el informe fija una serie de criterios y buenas prácticas que pueden ser tomadas en consideración por otras autoridades ya existentes o las de nueva creación, no limitándose sus recomendaciones estrictamente a las autoridades independientes descritas, sino que pretende ser una guía para diversos tipos de organismos independientes".
Los socios del Gobierno
Las posiciones del resto de socios del Gobierno no están claras. El PNV parece apoyar en sus enmiendas la legitimidad democrática de estas autoridades. También ERC, que introduce varias enmiendas que plantean mejoras técnicas en el texto. Pero en una de ellas añade un texto nuevo de su cosecha que siembra dudas: "Es fácil considerar a las administraciones independientes como organizaciones que han ido sustrayendo la capacidad de decisión política de la ciudadanía por una especie de gobierno de tecnócratas, con elevados grados de autonomía, respecto al poder político, que carecen de representatividad alguna y cuya transparencia es muy limitada".
En este escenario y sin enmiendas de Podemos, el papel de los morados y de ERC puede ser clave si este informe llega a convertirse en un texto legal.
