El actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, le comunicó en una reunión en abril de 2017 que no le interesaba hacer una oferta por el Banco Popular porque la entidad tenía un patrimonio neto negativo por aquel entonces, según detallan fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio consultadas por Vozpópuli.
Durante su comparecencia, el exministro de Economía ha señalado que la reunión que tuvo con Ana Botín se enmarca en una serie de encuentros que tuvo con el resto de presidentes de las cinco entidades españolas a las que Emilio Saracho les ofreció comprar el Banco Popular en la fecha anteriormente señalada.
Luis de Guindos ha agregado que las dos únicas opciones que tenía el banco para seguir adelante era la venta o una nueva ampliación de capital. Asimismo, ha recordado que la función de supervisión de la entidad recaía sobre el gobernador del Banco de España, Luís María Linde. No obstante, ha remarcado que tanto él, como el gobernador intentaron "ayudar al máximo posible al Banco Popular". Pero llegó un punto en el que ni el Banco de España podía hacer nada, ha lamentado.
Durante el interrogatorio a Luis de Guindo se le ha preguntado por el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y por si ésta tendría que haber abierto el proceso de compra a entidades extranjeras. A este respecto, el banquero ha dicho que era muy difícil hacer una oferta por un banco del que no se conocía correctamente los activos y pasivos. Asimismo, el actual vicepresidente del BCE ha señalado que él sí habría hecho público el informe de la JUR, aunque ha respetado la decisión del organismo de mantenerlo en secreto.
Respecto a la ampliación de capital que hace el banco de la mano del por entonces presidente Ángel Ron, Guindos ha destacado que el banquero le aseguro que se trataba de un proceso ordinario para mejorar los ratios de capital de la entidad. En este mismo sentido, ha remarcado que Ron nunca le dijo que tuviera intención de vender el Popular.
Como ministro, De Guindos tuvo que hacer frente a la resolución del Popular el 7 de junio de 2017, ejecutada a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, y posterior venta al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.
Una operación que defendió en el Congreso, ya que la alternativa habría sido "no abrir el banco" al día siguiente y declararlo en concurso de acreedores", escenario que habría provocado "enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros" para el más de un millón de hogares depositantes de la entidad.
Caso Popular
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.
El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
