Ángel Ron ha atribuido a un "problema interpretativo" las "pequeñas diferencias" entre lo que hacía el Banco Popular y lo que decía el Banco de España. En su segundo día de declaración ante el juez José Luis Calama, el expresidente ha explicado que desde la entidad que no siguieron todas las indicaciones del supervisor porque no las entendían. Ha añadido, además, que por esta razón se contrataron los servicios de Deloitte: para interpretar la circular emitida en 2016. Ante la explicación, el magistrado ha preguntado si no consideraron más oportuno preguntar directamente al Banco de España.
Ron ha acudido este jueves a la Audiencia Nacional para continuar con su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 por las presuntas irregularidades que llevaron a la quiebra al Banco Popular. El expresidente ha respondido a preguntas del juez José Luis Calama, del fiscal Antonio Romeral y de su letrado José Antonio Choclán.
Durante la primera sesión de este miércoles, el magistrado mostró especial interés en el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2016, cuando tuvieron lugar las llamadas y negociaciones para el nombramiento de Emilio Saracho al frente de la entidad. En este sentido, pidió detalles de las reuniones celebradas para la elección del que sería presidente del Banco Popular.
Ron aseguró que aquellas conversaciones lideradas por Calderón para fichar a Saracho se realizaron en medio de "maniobras" carentes de "transparencia" en connivencia con el empresario mexicano Antonio del Valle, quien llegó a ser el máximo accionista individual del Popular y que presuntamente quería apartarle de la presidencia para hundir el banco y después comprarla a bajo precio.
El interrogatorio de este miércoles ha tenido lugar semanas después de que las partes escucharan al exvicepresidente Roberto Higuera y al ex consejero delegado Francisco Gómez Martín. Ambos defendieron la ampliación de capital y las decisiones tomadas por la ejecutiva de Ron.
La Fiscalía anticorrupción le investiga por presuntos delitos societarios, de administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida en el contexto de la gestión del Banco Popular en los ejercicios previos y posteriores a la ampliación de capital de 2016.
