El Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea tras su derrota en el intento de aprobar los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, que aboca a España a sus terceras elecciones generales en menos de cuatro años. El momento es especialmente inoportuno en lo que se refiere a la estrategia energética, toda vez que el trabajo del Ministerio de Transición Ecológica comienza a dar unos primeros frutos que a partir de ahora podrían estar en peligro, especialmente en lo que se refiere a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ante este escenario, el sector eléctrico pone sus cartas encima de la mesa y lanza algunos avisos sobre las consecuencias de prescindir de determinadas tecnologías o excederse en el recorte de las retribuciones.
Al menos, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha logrado salvar el borrador del Plan Integral de Energía y Clima, que será finalmente aprobado por el consejo de ministros en su reunión del próximo 22 de febrero para su posterior remisión a Bruselas. Pero la Ley de Cambio Climático, que también contará con la luz verde del Ejecutivo, podría quedar varada en el correspondiente trámite parlamentario y no llegar a tiempo para su aprobación antes de las más que posibles próximas elecciones.
El borrador del anteproyecto de Ley despertó no pocas controversias, en especial en lo referido a la prohibición de los motores de combustión a partir de 2040, contra la que la industria del petróleo y el gas se ha levantado reclamando neutralidad tecnológica. También ha despertado recelos la postura sobre el cierre de las centrales nucleares en la próxima década, el recorte de las retribuciones (especialmente de las redes) y la supresión de los pagos por disponibilidad de plantas de respaldo como los ciclos combinados.
El varapalo al Ejecutivo de Sánchez ha coincidido con el tradicional encuentro del sector energético organizado por IESE, una ocasión que los principales ejecutivos de las compañías no han desaprovechado para dejar claros algunos mensajes con vistas a un posible cambio de inquilino en la Moncloa.
Un relevo en el que Endesa tendría más que ganar, en principio y sobre el papel, que el resto debido al peso de las tecnologías tradicionales en su mix de generación. Su consejero delegado, José Bogas, advirtió de que el sistema eléctrico español podría atravesar por dificultades en la segunda mitad de la próxima década, justamente cuando, de acuerdo con los planes del actual Gobierno, comiencen a sustituirse las centrales de carbón que queden y algunas de las nucleares por renovables.
Déficit de capacidad
Bogas estimó que el sistema podría presentar entonces un déficit de capacidad de entre 9.000 y 13.000 megawatios, lo que supondría un serio riesgo de apagones. "Es bueno tener un plan", señaló en referencia a la estrategia a largo plazo del Gobierno, "pero no puede estar escrito sobre piedra, el Ejecutivo tiene que tener capacidad de adaptación".
El consejero delegado de Endesa admitió que prolongar la vida de las centrales de carbón "va contra los tiempos" pero también apuntó que si la energía de respaldo que necesita el sistema para apuntalar la progresiva penetración de las renovables no es incentivada con pagos por capacidad, "las compañías terminarán por cerrar las plantas porque no habrá forma de rentabilizarlas".
Preguntado sobre si las eléctricas tienen un problema con el recorte de las retribuciones, Bogas puso la pelota en el tejado político. "Con el coste de financiación actual, el escenario es sostenible con las retribuciones. Pero si los costes suben, dejará de serlo. A mí me preocupa pero el que va a tener un problema grave va a ser el Gobierno de turno porque dejaremos de invertir en redes".
En el otro extremo estaría Iberdrola, la más desarrollada en tecnología renovable y la que más en línea ha estado con el actual Gobierno en política energética. No obstante, la consejera delega de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, apuntó que España presenta un déficit regulatorio que debe corregir y también que el esfuerzo en redes debería concentrarse en digitalizarlas y sofisticarlas, más que en construir más kilómetros, para adaptarlas a un nuevo modelo de consumidor, como será el del futuro.
A vueltas con el veto al diésel
El sector petrolero centró sus críticas en el veto a los motores de combustión a partir de 2040. Luis Aires, presidente de BP España, señaló que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático tenía muchas prohibiciones y defendió una neutralidad tecnológica, igual que su homónimo de Repsol, Antonio Brufau.
"Nadie es capaz de saber hoy cuál será la tecnología predominante en 2050, igual que nadie supo anticipar hace apenas cinco años el 'boom' de la fotovoltaica de ahora", apuntó Brufau, que abogó por revisar los objetivos de lucha contra el cambio climático de forma periódica. "¿Qué sabemos del motor de combustión interna para prohibirlo?", preguntó en referencia al contenido del anteproyecto de Ley que, sin duda, será uno de los objetivos del sector si, finalmente, hay cambio de Gobierno.
La estrategia energética del Ejecutivo está en el aire. Los avances hasta ahora han sido notables pero algunos aspectos fundamentales no han quedado suficientemente atados. Y el sector no parece dispuesto a desaprovechar la oportunidad, sabiendo que puede recuperar parte del terreno cedido.
