El millar largo de asesores del actual Gobierno, contratados a dedo sin que se conozcan sus méritos o formación académica (ni su sueldo), va a suponer este año un coste superior a los 55 millones, una cifra inédita en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el Tribunal de Cuentas tiene contratado a personal de confianza de sus altos cargos, con un gasto inicial de 1,4 millones; el Consejo de Estado llega a 388.000 euros, mientras que Defensa supera los 1,1 millones.
Llama la atención que también contraten a este tipo de personal ministerios con las competencias transferidas a las CCAA, como Educación (medio millón de euros) o Sanidad (200.000). Hay que incluir también a departamentos como el de Política Territorial y Función Pública, que se dedica a atender las cuestiones relativas a los funcionarios pero que tiene presupuestado un gasto en asesores procedentes del sector privado de casi 800.000 euros, mientras que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional dispone de más de 1,5 millones para ello. Presidencia es quien lidera el gasto, por encima de los 10 millones. Parece evidente que es necesaria una revisión de esta y de otras muchas partidas que tienen que ver con la política de gasto de personal y gasto corriente equidistantes de lo que sucede en el sector privado.
Llama la atención el enorme gasto de la cúpula de Defensa de más de 1,1 millones o el de Exteriores (1,6 millones)
El coste de los altos cargos, muchos de ellos también nombrados a dedo y ajenos a las Administraciones Públicas (incluso afecta a directores generales pese a que existe una ley que lo impide si no se justifica), puede acercarse a fin del ejercicio a los 90 millones. Llama la atención el enorme gasto de la cúpula de Defensa de más de 1,1 millones o el de Exteriores (1,6 millones). Una de las causas es la acumulación de trienios, es decir, los pluses que perciben por la antigüedad de que disponen como consecuencia de la estabilidad en el empleo. Hay quien acumula más de 15, es decir, lleva casi 50 años en el sector público, algo inédito en el sector privado en el que ya no se abonan los trienios porque según la patronal estos pluses salariales no priman la productividad.
Todo esto supone un envejecimiento en todas las Administraciones, ajeno a la modernización, actualización y competitividad que se requiere. Por ejemplo, la antigüedad acumulada de los más de 400 altos cargos de los ministerios que son funcionarios supera los 13.000 años (casi 4.500 trienios en total). El cobro de este plus genera en la Administración Central un gasto de 1.200 millones anuales y lo perciben incluso los funcionarios que han salido de su puesto y se dedican, fichados por los partidos, a la actividad política. En esta cifra no se incluye el gasto que se produce en los diversos organismos y empresas públicas. Todos los ministerios tienen su partida para abonar la antigüedad. Por ejemplo, la Jefatura Central de Tráfico destina 34 millones a este pago y más de 53 millones la Agencia Tributaria.
En incentivos al rendimiento, es decir, a la productividad (y gratificaciones), que en muchos casos se conceden sin criterios objetivos por parte de los subsecretarios o de otros altos cargos de los departamentos, el Estado destina más de 1.100 millones. En la Agencia Tributaria, que se enmarca dentro de los objetivos de la recaudación en la lucha contra el fraude (una especie de comisión por acta liquidada y no recurrida), el coste es de 83 millones, mientras que en el Ministerio de Hacienda supera los 38 millones. Sorprende que en el Senado haya una partida de 800.000 euros para esta función mientras que en el Congreso de los Diputados sólo es de 70.000 euros.
También llama la atención que Educación, sin competencias, disponga de casi 4,5 millones para este desempeño y que Sanidad supere los 15 millones. O que el Instituto Geológico y Minero tenga más de 1,1 millones. Por su parte, Trabajo dispone de casi 5,8 millones y Transición Ecológica de otros 5 millones, una cifra similar a la de Presidencia. También son reseñables los incentivos a Tráfico (primas según los objetivos de poner multas), llegan a casi 50 millones.
Para los gastos sociales de los ministerios (desde formación, economatos, comedores, transporte, cursos, seguros, seminarios y acción social en general, que incluye ocio, viajes, bienestar, salud, belleza, guarderías, escuelas infantiles e incluso estudios universitarios, campamentos, becas, idiomas, asistencia, residencias, atenciones, ayudas para libros…) los Presupuestos Generales estiman más de 250 millones mientras que en el sector privado han desaparecido prácticamente de los convenios. Interior dedica sólo a acción social casi 19 millones y, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas se acerca a los 900.000 euros mientras que el personal de Hacienda tiene 1,1 millones y el de la Agencia Tributaria 3,4 millones.
23.000 millones en nóminas
En total, la Administración Central dedica a nóminas unos 23.000 millones, excluyendo a las empresas y otros organismos. Pero, este Presupuesto inicial tiene letra pequeña porque en realidad es superior. Por ejemplo, no constan como gasto en esta partida los más de 450 millones que se abonan en concepto de dietas a los empleados públicos (indemnizaciones por razón de servicio) por los distintos ministerios y Cortes. Aparecen en el capítulo de gastos corrientes. Por ejemplo, Agricultura tiene 2,2 millones para abonar dietas y locomoción de sus empleados y 2,4 millones hay en el programa de Presidencia del Gobierno. Interior es el departamento con la mayor partida, cuenta con casi 130 millones. Le sigue Defensa con cerca de 95 millones.
Tampoco en esta partida general de los gastos de personal aparecen los conciertos de asistencia sanitaria privada de que disponen los empleados públicos (civiles, militares y de Justicia) y al que pueden optar anualmente o elegir la asistencia de la sanidad pública de la Seguridad Social. Las aportaciones de los Presupuestos al mutualismo privado se cargan también al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios y superan con creces los 2.000 millones anuales. Por ejemplo, la vicepresidenta Calvo fue atendida en un hospital privado cuando resultó afectada por el coronavirus. Curiosamente, el presidente del Gobierno tiene una asignación de 150.000 euros para este tipo de asistencia; a 7,1 millones ascienden los conciertos de asistencia sanitaria de las instituciones penitenciarias y a 6.000 euros llega también el gasto previsto del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito a Presidencia.
En el capítulo de gastos de personal tampoco figuran los 16.000 millones que cuestan las pensiones de los funcionarios adscritos al régimen de clases pasivas (los que ingresaron en la Administración antes de 2011). Cada año debe hacerse una dotación para esta partida ya que, aunque los empleados públicos sí pagan sus cotizaciones, el empleador (el Estado) no abonó las cuotas patronales que le deberían corresponder. Por tanto, hasta 2011 era más barato contratar en el sector público que en el privado porque las Administraciones no pagaban la parte de cotizaciones que como empresarios deberían realizar.
Ese agujero anual para atender a las 900.000 pensiones públicas en clases pasivas (similar al de sistema de pensiones de la Seguridad Social aunque atiende a 9,2 millones de personas) se carga al Presupuesto en el capítulo de Transferencias Corrientes. La Seguridad Social gestionará a partir de octubre el sistema de clases pasivas y se supone que el gasto no correrá a cargo de los afiliados del sistema público de pensiones sino que los Presupuestos le realizarán la transferencia preceptiva. En esta sección figuran también las pensiones a exministros (2 millones), otras excepcionales por méritos e indemnizaciones militares (5,6 millones), así como las pensiones de guerra o los casi 4 millones destinados a las pensiones del personal marroquí y sus familiares (Fuerzas Mahzen o Guardia Mora que ayudó a Franco en el golpe de Estado de hace 84 años).
Gasto en papeleo y publicaciones en la era 'online' y de Internet
De los Presupuestos también llama la atención que el gasto en material de oficina, así como el de suministros, siga siendo una partida importante del capítulo de gastos corrientes (que alcanza más de 7.200 millones en su conjunto) pese a la ley de Mejora y Racionalización del sector público de 2014, que puso en marcha el PP en 2014, habilitando la colaboración de los ciudadanos en la Administración online y a los sistemas centralizados de compras.
Sólo para material de oficina hay previsto un gasto superior a los 150 millones. Por ejemplo, la actividad parlamentaria (Congreso y Senado) supera los 31 millones de gasto de este concepto; Defensa llega casi a los 20 millones y entre el ministerio de Hacienda y Función Pública suman más de 18 millones. El gasto en luz de los ministerios, pese a las tarifas planas y otro tipo de contrataciones, supera los 320 millones (Interior y Defensa son los que más gastan, unos 65 millones cada uno) mientras que el destinado a comunicaciones telefónicas se aproxima a los 300 millones (Interior gasta más de la mitad de este Presupuesto). A 101 millones asciende el recibo del agua y a 225 millones llega el gasto en combustibles (Interior y Defensa emplean el 85%). Por ejemplo, el Parque Móvil se gasta más de dos millones entre combustible y repuestos para los coches mientras que la Jefatura Central de Tráfico supera los 19 millones.
Mientras, a reuniones, conferencias y cursos, los ministerios destinan más de 50 millones y más de 170 millones a reparaciones y mantenimiento de edificios. Por si fuera poco, a pesar el innumerable patrimonio del Estado, el Gobierno se gasta casi 200 millones en arrendar edificios. Por ejemplo, el CGPJ se gasta casi 600.000 euros en alquileres de edificaciones (también 260.000 en arrendamiento de maquinaria, 69.000 de mobiliario y enseres y casi un millón de equipos para procesos informáticos); medio millón emplea el Congreso; 21,3 millones Hacienda; y casi 11 millones Política Territorial y Función Pública así como 12,2 millones el Instituto Cervantes y cuatro millones la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ministerio de Asuntos Exteriores). Por su parte, la Agencia Tributaria dispone de casi 21 millones para arrendar equipos informáticos y 11 millones más para su mantenimiento. Mientras, el gasto en publicaciones, en plena era de Internet, supera los 12 millones.
El goteo de partidas de gasto corriente es innumerable. El Congreso de los Diputados, pese a la escasa actividad legislativa, tiene previsto un gasto de casi tres millones en inversión de reposición e inversión nueva así como otro millón más en inversión de carácter inmaterial mientras que el Senado empleará 1,3 millones. Las obras en los ministerios, de reposición o nuevas, proliferan cada año. En el programa de Presidencia supera los 2,1 millones. Y llama la atención que hasta el Comisionado para el Mercado de Tabacos tenga una partida de unos 800.000 euros para reparar, mantener y conservar sus edificios, maquinaria y equipos.
Este capítulo de gastos corrientes tiene, además, un corolario de partidas anecdóticas que también habría que revisar. Por ejemplo: el Consejo de Estado tiene casi 100.000 euros para atenciones protocolarias y representativas (el gasto de Presidencia es de 275.000 euros); los gastos de representación de embajadores y Jefes de Misión así como de actos institucionales superan los 5,1 millones; Hacienda tiene más de 10.000 euros para gastos de botiquín (todos los ministerios disponen de un gasto similar); Fomento dispone de 380.000 euros para edición y distribuciones públicas; la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) tiene 161.000 euros para alimentación, partida que tiene réplica en casi todos los ministerios y organismos públicos; la cobertura informativa de Presidencia se acerca a los 75 millones y los gastos de Palacio y Consejo de Ministros supera los 325.000 euros; el Instituto de la Mujer gasta 1,8 millones en publicidad y propaganda, cifra que llega a casi 9,5 millones en la Agencia Tributaria. Además, el Parque Móvil destina 105.000 euros a vestuario (uniformes y otros), 600.000 euros el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 682.000 la Jefatura Central de Tráfico y hasta 20.000 euros emplea la Agencia Estatal del BOE. Mientras, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea gasta curiosamente 260 euros en actividades culturales y deportivas y el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional dedica 500 euros al suministro de material deportivo, didáctico y cultural.
