Atresmedia y Mediaset España acaban de presentar sendos recursos ante la Audiencia Nacional en el que incluyen una solicitud de medidas cautelares para paralizar los efectos del 'multazo' de 77 millones impuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario.
Según explican las fuentes del sector consultadas por Vozpópuli, el plazo para presentar los recursos acaba este lunes y ambos grupos han apurado los tiempos para aquilatar los escritos que presentan ante el tribunal. En juego: cambiar su modelo publicitario y una factura de 38,2 millones para Atresmedia y 38,9 millones para Mediaset.
La solicitud de medidas cautelares implica la presentación de una caución. Según señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), todo aquel que solicite una medida cautelar tiene que ofrecer una caución (una cantidad económica) para responder de los daños y perjuicios que la adopción de las citadas medidas pueda causar. Se trata de una 'garantía' que hay que dar antes de que se ejecuten las medidas solicitadas.
Fue el pasado mes de noviembre cuando la CNMC anunció que había acordado cerrar el expediente a ambas televisiones con la citada multada, correspondiente al 4% de la facturación de cada grupo audiovisual. Horas antes del anuncio oficial, el montante ya se había publicado en prensa, algo que soliviantó a las cadenas.
La multa rompe a la CNMC
La instrucción del caso, que se extendió durante más de un año, no ha estado exenta de polémica. Especialmente por la falta de unidad interna entre los consejeros, la vicepresidenta María Fernández y el presidente José María Marín Quemada.
Y es que como ha publicado Vozpópuli en los últimos meses, la gestión de este expediente, uno de los más delicados que ha gestionado el regulador, ha generado no pocos enfrentamientos en la cúpula de la organización. La Dirección de Competencia que encabeza Beatriz de Guindos propuso en un principio una multa correspondiente al 5% de la facturación, la máxima posible para faltas "graves". Este porcentaje se consideró excesivo por algunos consejeros de la sala de Competencia que preside Marín Quemada y hubo que rebajarlo para lograr unanimidad entre los consejeros.
Respecto a la sala de Supervisión Regulatoria que encabeza Fernández, aquí fueron dos los consejeros que emitieron votos en contra en su informe cruzado: Benigno Valdés y la propia Fernández. Ambos manifestaron así sus discrepancias con las conclusiones alcanzadas por la sala que encabeza el presidente en lo que a sus competencias se refiere.
Las televisiones, conscientes de esta fractura interna, quieren pedir las actas de la sesión para acreditar las diferencias de criterio entre los consejeros, algo que en principio les beneficiaría en los tribunales.
