La Audiencia Nacional ha acordado prorrogar, en caso de ser necesario, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia una semana más, hasta el próximo 3 de octubre, a fin de que la veintena de defensas restantes pueda concluir sus informes finales.
En la providencia, la sección cuarta de la sala de lo Penal que preside la juez Ángela Murillo habilita otras tres jornadas -30 de septiembre y 2 y 3 de octubre- para celebrar este trámite, previo a la última palabra a la que tendrán derecho los 34 acusados y del posterior visto para sentencia.
Aunque inicialmente el juicio debía haber concluido el pasado miércoles, la complejidad de las cuestiones suscitadas a lo largo de los últimos diez meses y el carácter prolijo de argumentaciones como la de la fiscal Carmen Launa, cuya intervención duró cerca de 22 horas, el tribunal optó por conceder una primera prórroga que expira esta misma semana.
Cambio de criterio de la Fiscalía
El cambio de criterio de la Fiscalía, que en su escrito de conclusiones provisionales sólo cargaba contra los cuatro antiguos administradores del banco por supuesta estafa a inversores, ha sido precisamente una de las causas que ha llevado a las defensas a extenderse en el uso de la palabra.
Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunta estafa y falsedad contable
Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunta estafa y falsedad contable, pena sensiblemente superior a la que solicita para su exvicepresidente José Luis Olivas y el ex consejero ejecutivo de la entidad José Manuel Fernández Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de cárcel, respectivamente.
También reclama dos años y medio de prisión para el ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, en tanto que baja a entre seis y nueve meses de cárcel el posible castigo para el ex número dos de Rato Francisco Verdú.
Al margen de los gestores, la representante del Ministerio Público amplió el pasado julio su acusación, que ahora se dirige contra los exconsejeros con presencia en los comités de auditoría del grupo BFA-Bankia, entre ellos el exministro Ángel Acebes, así como el interventor Sergio Durá y el socio auditor de Deloitte Francisco Celma.
