La contabilidad de las comunidades autónomas sigue despertando recelos en Bruselas, algo lógico después de descubrirse que fueron, en parte, las responsables del déficit oculto de 30.000 millones de euros que heredó el PP del Gobierno de Zapatero después del relevo electoral de 2011. El problema sigue latente,
“debido a la naturaleza descentralizada de la hacienda pública española”, según reza el informe interno elaborado desde la Comisión Europea por el equipo del comisario Olli Rehn, donde se analiza la forma en que España viene aplicando las condiciones derivadas del procedimiento que tiene abierto por déficit excesivo. En este documento se advierte de la obligación de aplicar de forma “rigurosa” la ley de Estabilidad Presupuestaria y de tomar por parte de los 17 gobiernos regionales “estrictas medidas presupuestarias” para atenuar los riesgos de desviación de sus cuentas conocidos en ejercicios anteriores.
La CE advierte a España que debe supervisar las "estrictas medidas presupuestarias" que corresponde tomar a las comunidades autónomas para impedir los riesgos conocidos en el pasado
Las comunidades se van a beneficiar este año de que Bruselas haya subido la frontera del déficit del 4,5% previsto hasta el 6,3%, una cesión que supondrá una menor exigencia, calculad en cerca de 19.000 millones de euros, para los recortes pendientes. A los 17 gobiernos regionales, el primer objetivo les hubiera supuesto tener que recortar su desfase presupuestario hasta el 0,7% y, en cambio, ahora podrán dejarlo en el 1,2%, una diferencia cercana a los 5.000 millones de euros.
La Comisión Europea justifica los mayores plazos dados a España para reducir el déficit a partir de los “factores adversos e inesperados” que sufre su economía, el desplome de la recaudación tributaria- 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis-, la caída de las cotizaciones sociales y el crecimiento del paro. En este contexto, la CE acentúa la necesidad de reducir los gastos corrientes, principalmente los que dedican las comunidades autónomas en sanidad y educación, pauta a la que se ha atenido el Gobierno en el programa de estabilidad remitido a Bruselas.
Bruselas justifica el mayor margen dado a España para cumplir con los objetivos de déficit a partir de los "factores adversos e inesperados" de su economía
Los técnicos comunitarios revelan en su informe gran parte de los riesgos asociados al actual escenario macroeconómico y a los objetivos presupuestarios, entre ellos el aumento de la deuda pública, y reconocen de forma implícita que la doble recesión que ahora sufre España ha hecho saltar por los aires todas sus previsiones. Cuando el año pasado ya se consiguió de la Comisión Europea un plazo adicional para conducir el déficit hasta el 3%, se contempló que 2012 iba a terminar con un desfase del 6,3%, frente al 6,9% que se ha conocido al final tras las actualizaciones realizadas por Eurostat. En los pronósticos de crecimiento para España también ha errado Bruselas desde, al menos, 2009. En la primavera del año pasado se fijó un generoso 1% para 2013, frente a la contracción del 1,3% del PIB que ha vaticinado el equipo económico del Gobierno en su último cuadro macro enviado a las autoridades comunitarias. Es solo un ejemplo.
En el Gobierno se respira tranquilidad, gracias a los instrumentos de control que le facilitan la ley de Estabilidad y el Fondo de Liquidez autonómico
En el Gobierno se respira cierta tranquilidad por las condiciones que han puesto las autoridades comunitarias a cambio del oxígeno recibido, cuyo examen tendrá una periodicidad trimestral, debido a los mayores controles que pesan sobre los gobiernos autonómicos desde la aprobación de la ley de Estabilidad Presupuestaria, en particular sobre los nueve que han llamado a las puertas del Fondo de Liquidez, pues han hecho posible un marco de intervención –no es ningún secreto que tenemos un Estado autonómico intervenido– mucho más eficaz a la hora de controlar los desmanes del pasado. Una deuda autonómica que supera los 185.000 millones, datos del cierre de 2012, no es ninguna broma, aseguran en el equipo económico del Gobierno, preocupado, sobre todo, por la evolución contable de Cataluña, la comunidad que más debe.
