Las líneas de crédito que han puesto en circulación las entidades financieras en España avaladas en un 80% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tienen un periodo de carencia de un año para los vencimientos a largo plazo, lo que supone que cuando se cumpla un año de la recepción del préstamo, los autónomos y empresas beneficiados deberán empezar a devolverlo.
Esto quiere decir que si los préstamos avalados por el ICO se empezaron a comercializar a finales de marzo o principios de abril, en la primavera de 2021 terminará el plazo para que algunos de los deudores empiecen a devolver el dinero. En España, unas 700.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estos créditos, pero dadas las dificultades que vive el sector en la actualidad, muchos de ellos tienen miedo de no poder hacer frente a estos pagos cuando llegue el momento.
"Si el Gobierno reconoce que la recuperación no va a llegar prácticamente hasta 2022, hay que asumir que va a haber impagos cuando en abril de 2021 los autónomos y empresas tengan que empezar a devolver el dinero de los préstamos avalados por el ICO, por eso hemos pedido que se amplíe el periodo de carencia de uno a dos años", explica Lorenzo Amor, presidente de la asociación mayoritaria de autónomos, ATA, en una entrevista con Vozpópuli.
En su opinión, es fundamental que este periodo se amplíe, porque hay un alto riesgo de que cuando llegue abril las empresas no tengan liquidez para poder devolver el dinero.
Más moratorias
Amor pide también que se amplíen las moratorias de impuestos, porque si en octubre acaban los aplazamientos y la exención del pago de la cuota de autónomos a la Seguridad Social, "los autónomos no van a tener liquidez para subsistir ni para devolver la deuda", advierte.
Comparte esta preocupación María José Landaburu, secretaria general de la organización UATAE, quien también ve importante que se aumente el periodo de carencia un año más.
Pide, además, que "se aumenten los avales ICO con nuevas líneas de financiación, con 100% de aval a autónomos y micropymes y un interés máximo del 1%; que se decrete una moratoria bancaria en las obligaciones financieras de préstamos, créditos, rentings y leasings de gastos e inversiones asociadas a la actividad profesional (vehículos, licencias, materiales, infraestructuras…) contraídas hasta con anterioridad a la crisis".
"Hay muchos gastos de este tipo que ahora mismo están ahogando a los trabajadores autónomos, y la única solución no puede ser endeudarnos más. Esta moratoria, además, (de entre 6 y 18 meses y sin intereses) no conllevaría ninguna carga presupuestaria pública y sería una manera de comprometer a la banca en el esfuerzo colectivo de salir de esta crisis, teniendo en cuenta el enorme desembolso económico que supuso el rescate bancario tras la crisis de 2008", señala.
El Ministerio pasa la pelota a los bancos
Desde el Ministerio de Economía no quieren pronunciarse sobre peticiones concretas como esta, pero sí recuerdan que los créditos han sido concedidos por los bancos, así que tendrán que ser ellos los que tomen decisiones sobre la posible ampliación o no del periodo de carencia. "El ICO solo actúa como avalista en caso de impago, la relación con los clientes es suya", apunta.
Según los últimos datos divulgados por el Ministerio que lidera Nadia Calviño, se han aprobado -con datos a 26 de julio- un total de 741.542 operaciones , avaladas con 70.206 millones de euros, que han permitido canalizar financiación al tejido productivo por importe de 92.314 millones de euros.
Más del 97% de las operaciones avaladas (719.830) se concentran en pymes y autónomos, con un importe de 51.003 millones, lo que les ha permitido obtener financiación por 63.808 millones de euros.
