El tramo Orense-Santiago, correspondiente a la línea de alta velocidad Madrid-Galicia y tristemente célebre por el accidente del tren Alvia que costó la vida a 80 personas, padeció en su día un considerable recorte económico, valorado en casi 300 millones de euros. La contratación de las obras se realizó a través de un convenio entre el Ministerio de Fomento y la sociedad pública Seittsa, firmado en noviembre de 2007, cuya cuantía inicial ascendía a 2.014 millones de euros y que posteriormente se quedó en poco más de 1.730 millones.
En concreto, el convenio se vio modificado en dos ocasiones desde su firma. La primera adenda se acordó apenas un mes después de su firma, en diciembre de 2007. Mientras, la segunda adenda data de septiembre de 2011.
Durante los días siguientes al accidente de Angrois, del que este domingo se cumplirán tres años, trascendió que el tramo no contaba con el sistema de frenado de última generación (EMRTS), obligatorio para los trazados de alta velocidad, sino que contaba con el sistema ASFA, menos evolucionado e incapaz de reducir por sí mismo la velocidad de la máquina al paso por las balizas.
Este escenario se atribuyó a los recortes que había tenido que llevar a cabo la Administración debido a los efectos de la crisis, pese a que el Ministerio de Fomento llevaba tiempo con la idea de instalar este sistema de frenado. Sin embargo, su coste se antojaba prohibitivo.
El informe revelador del Tribunal de Cuentas
El detalle sobre el recorte en el convenio financiero entre Fomento y Seittsa aparece recogido en el informe publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas sobre esta última sociedad pública. Aunque el trabajo del tribunal consiste en la fiscalización de la actividad de Seittsa entre 2012 y 2014, en el informe se recogen todos los convenios de este tipo firmados desde la creación de esta empresa, en 2005.
El detalle sobre el recorte en el convenio financiero entre Fomento y Seittsa aparece recogido en el informe publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas sobre esta última sociedad pública
En su día, Seittsa fue creada para la optimización de los “limitados recursos presupuestarios destinados a la construcción y explotación de las infraestructuras de transporte terrestre estatal” con el objetivo final del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Y también para conseguir una mayor agilidad en estos procesos, según resume en su informe el Tribunal de Cuentas.
Uno de los instrumentos que se articuló para el funcionamiento de Seittsa fue el de los convenios financieros, por los que la sociedad pública se encargaba de efectuar los pagos de las contrataciones que llevaba a cabo el Ministerio de Fomento. Por este concepto, Seittsa recibía unos ingresos del 0,15% de la cuantía total del convenio si se trataba de un tramo de alta velocidad y de un 0,25% si era de la red convencional.
La causa se reabre
En el caso del convenio para la “promoción del tramo Orense-Santiago de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia”, la cuantía del mismo ascendió inicialmente a 2.014,07 millones de euros, aunque finalmente quedó en 1.730,81 millones “después de las modificaciones experimentadas”, como reza el informe del Tribunal de Cuentas.
La tragedia de Angrois ha vuelto a estar de plena actualidad después de que el pasado 7 de julio se conociera el informe elaborado a partición del colectivo de víctimas por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) acerca de la investigación llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Este documento concluye que el organismo encargado de llevar a cabo la investigación no era independiente y que el proceso no daba respuesta a las cuestiones fundamentales sobre las causas del siniestro.
El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de La Coruña ordenó reabrir la instrucción del caso que se sigue a raíz del accidente después de que la original se cerrara con la única imputación de Francisco Garzón, el maquinista del Alvia.
