El gasto público en asuntos económicos (subvenciones y ayudas en una parte importante) creció un 51% durante la pandemia, mientras que el destinado a la salud sólo aumentó un 16,7%; y un 14,7%, el dedicado a la protección social. Según el informe sobre la Clasificación por Funciones del Gasto (COFOG), que ha remitido recientemente el Ministerio de Hacienda a la UE, las Administraciones han optado por dar prioridad al gasto destinado a evitar una mayor sangría en la economía, con medidas financieras y sociales, para hacer frente al impacto del virus. Pero, en este lote han entrado otras partidas económicas que también han subido y que no tenían nada que ver con la crisis sanitaria.
Mientras, el gasto en salud sólo ha aumentado un tercio, y algo menos el dirigido a acentuar la protección social, respecto al registrado por esta función de asuntos económicos. El famoso dilema político que se dio en su momento entre salvar la economía o la salud se ha saldado, según se desprende de esta información, dando prioridad a la primera opción. Es decir, los gobiernos de las distintas Administraciones han apostado primero por la economía y después por la sanidad, con medidas que se activaron en 2020 y también en 2021, que se han ido atenuando en el tiempo, sobre todo en el sector sanitario.
Así, mientras que las Administraciones en su conjunto (central, autonómica y local) dedicaron en 2019 (año previo a la pandemia) el 9,9% de su gasto total en atender los asuntos económicos, en 2021 (último año con información disponible) ha representado el 12,8%. Es decir, se ha producido un aumento de tres puntos en estos años. Por su parte, el presupuesto en salud ha pasado de representar el 14,4% en 2019 al 14,5% en 2021, es decir, sólo ha crecido en una décima desde la situación precovid.
En términos nominales, el dinero destinado a asuntos económicos ha crecido en 26.200 millones más (hasta 78.430 millones, frente a los 52.236 millones en 2019), mientras que para taponar la herida sanitaria se han dedicado directamente 12.700 millones más (hasta 88.625 millones frente a los 75.929 en 2019). Por su parte, el aumento del gasto en protección social (pensiones, desempleo, exclusión y otras ayudas) ha pasado a representar ahora el 40,7% del gasto total del sector público, cuando en 2019 alcanzaba el 41,1%. Es decir, se ha producido una reducción de cuatro décimas.
Por funciones concretas, asuntos económicos es la que más incremento de gasto ha registrado (ese 50,1%). Se ha situado muy por encima del gasto medio total, que ha crecido un 16% entre estos años (hasta los 610.864 millones frente a los 526.652 millones en 2019). Detrás aparecen: salud (con un 16,7% más) y protección social (14,7%). Y salvo el gasto destinado a ocio, cultura y religión, que se ha reducido en un 1%, todas las demás funciones de esta Clasificación también han subido su presupuesto durante la pandemia: educación (11,1% más); vivienda (11%); defensa (11%); protección del medio ambiente (9,4%); orden público y seguridad (8,6%); y servicios públicos generales (5% más). Es decir, también ha seguido aumentando el gasto en otras funciones que no tenían relación directa con la pandemia, mientras que sólo se han reducido las partidas públicas destinadas al ocio.
Partidas ajenas a la crisis
En cuanto a la escalada del gasto de la función de asuntos económicos, el informe de Hacienda -elaborado por la Intervención General del Estado (IGAE)- detalla que parte de ese repunte se debe en 2020 a las exoneraciones de las cuotas sociales vinculadas a los ERTES (por valor de 7.600 millones) y a las ayudas a empresas y autónomos por las pérdidas excepcionales por la pandemia (1.084 millones). Pero también se han producido incrementos de gasto en esta función por otras causas ajenas a la crisis sanitaria como, por ejemplo, el cumplimiento de varias sentencias contra las Administraciones (2.000 millones) a favor de las compañías eléctricas; la reversión de autopistas de peaje por la finalización del periodo de concesión (por valor de 1.745 millones); las ayudas a las instituciones financieras (2.752 millones); la recuperación del gasto derivado de la cobertura de déficit eléctrico (3.814 millones; la indemnización por el almacén de gas Castor (casi 1.500 millones); la equiparación del sueldo de policías y guardias civiles a los mossos (800 millones); la devolución de retenciones de capital a no residentes (160 millones) o los 900 millones de liquidación de gastos sanitarios de años anteriores que aún estaban pendientes.
El alza en el gasto en 2021 se produce por el registro del impacto de la previsión de fallidos de los avales concedidos por el ICO (por valor de 4.200 millones) a empresarios y autónomos; las exoneraciones de cuotas sociales (2.700 millones); y las ayudas a la solvencia empresarial de la línea Covid. Pero, ajenos a los efectos de la pandemia, también hay que sumar el aumento de los créditos fiscales a las empresas exigibles ante la Agencia Tributaria (1.160 millones); las ayudas a los bancos (2.000 millones); las reversiones de las autopistas (2.400 millones); el gasto en cumplimiento de sentencias de las eléctricas (2.030 millones); el incremento de la aportación española a la UE por recursos propios (IVA y Renta Nacional Bruta) hasta situarse en 12.915 millones o el aumento en más de 7.000 millones del gasto en personal por el aumento de efectivos.
La factura sanitaria
Respecto al gasto en salud, la mayor parte de ese incremento del 16,7% en estos años se debe a los consumos intermedios (material sanitario y vacunas, mantenimiento, reparaciones o suministros) y a la inversión en capital fijo (sobre todo por la adquisición de respiradores y equipos sanitarios), cuyas partidas han crecido respectivamente un 25% (hasta los 23.653 millones, unos 5.000 millones más que en 2019) y un 26% (hasta los 3.400 millones, unos 700 millones más). El gasto en remuneraciones de los asalariados ha aumentado un 15% por la contratación de más personal (hasta 39.387 millones frente a los 34.265 millones en 2019) que han ido reduciéndose paulatinamente, mientras que las trasferencias sociales en especie (producción adquirida en el mercado) sube un 11,5% (hasta los 20.127 millones) como consecuencia de la ampliación de los conciertos sanitarios.
De los grupos de gasto facilitados por la IGAE se observa además que, en términos reales, son las aportaciones del Estado a las autonomías las que más crecen en estos años de pandemia. Es decir, el Gobierno disparó las transferencias de capital a pagar, que han aumentaron casi un 172% (de 9.448 millones hasta 25.666 millones) en estos años. Y de la prioridad en el gasto que se ha dado a la función de asuntos económicos sale que las subvenciones crecieron un 48%, ya que de 12.435 millones en 2019 ha pasado a casi 18.400 millones en 2021. Mientras, las transferencias corrientes (otras ayudas) aumentaron un 22% (hasta los 23.000 millones). Por su parte, las prestaciones sociales (pensiones y desempleo) aumentaron un 15,7% y las adquiridas en el mercado (equipos sanitarios, entre otros) crecieron un 9,2%. Aunque con cifras más ralentizadas, los datos de 2022 confirmarán también esta decisión política de salvar primero a la economía para después apostar por la salud.
