Una gran revolución. Así se ve desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que Hacienda llevará al próximo Consejo de Ministros para enterrar las duplicidades en la prestación de servicios públicos que han venido arrastrando durante más de dos décadas los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
La nueva norma coloca las competencias de sanidad y educación en manos exclusivas de las comunidades autónomas, mientras que vacía a las corporaciones locales de los servicios dedicados a la creación de empleo, la gestión de viviendas sociales, la atención a la inmigración, la igualdad de género, la gestión de las casas de cultura y las sanciones a espectáculos públicos, entre otras competencias.
Empleo, vivienda, inmigración, igualdad, cultura y espectáculos podrán ser transferidos a las comunidades autónomas desde los ayuntamientos
Los alcaldes solo podrán retener estos servicios si firman un convenio con los gobiernos regionales que les garanticen el ofrecimiento de estas prestaciones con la cobertura financiera suficiente. En caso contrario, pasarán directamente a depender de las comunidades. Si alguna de ellas se compromete a garantizar los recursos a un ayuntamiento para ejercer cualquiera de estas competencias e incumple el convenio, el Gobierno central se encargará de penalizarla restando el importe de las transferencias estatales. Este esquema de funcionamiento está previsto para poblaciones con más de 20.000 habitantes.
Las nuevas reglas permitirán evaluar periódicamente con total transparencia la gestión de cada ayuntamiento comprobando el coste de cada servicio que presta. Con periodicidad anual, las corporaciones locales estarán también obligadas a publicar los sueldos que perciben todos sus integrantes así como los salarios de los trabajadores de las empresas públicas.
Si esta reforma se hubiera planteado antes de la crisis, probablemente estaríamos ante un serio enfrentamiento entre administraciones. Sin embargo, a medida que se ha ido agravando la recesión y ha crecido la deuda municipal, en estos momentos rozando los 37.000 millones de euros, la mayoría de los alcaldes han tendido a reclamar el auxilio del Estado para que les retiren competencias que, originalmente, dependieron de las comunidades autónomas y que les han llevado a la ruina, entre ellas la atención a los inmigrantes, las políticas de empleo, las becas de guardería, los campamentos infantiles de verano y, así, un largo etcétera. Análisis recientes apuntan a que los ayuntamientos gastan de media un 30% de su presupuesto en la prestación de servicios que no les corresponde y aquí cabe hablar desde los programas de ayuda a domicilio hasta la atención a los inmigrantes, pasando por las redes de guarderías municipales.
El ajuste en el empleo local se centra en la plantilla de 400.000 contratados laborales e interinos que trabajan en las corporaciones locales
La deuda creciente ha obligado a buena parte de los ayuntamientos a adelgazar sus plantillas. De momento, han mantenido a los 200.000 funcionarios que tienen en nóminay han centrado el ajuste en el colectivo de los 400.000 contratados laborales e interinos a los que se puede aplicar la nueva legislación.
Donde no se ha atrevido a entrar la reforma que el Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros es en la reducción de ayuntamientos, a pesar de que casi el 60% tiene menos de 1.000 habitantes, más del 83% se sitúa por debajo de los 5.000 y menos del 1% reúne a más de 100.000. Una oportunidad de oro perdida y una asignatura que queda pendiente.
