Nada frena a los ayuntamientos españoles del cobro del impuesto de circulación de los vehículos. Aun con las muchas restricciones a la movilidad vividas en los meses de estado de alarma y de las no pocas limitaciones -cuando no prohibiciones- a la circulación en ciudades por normativas "ecológicas", la recaudación por el impuesto de los vehículos sigue siendo una de las grandes fuentes de financiación de los ayuntamientos.
Así, según el último informe sobre fiscalidad municipal elaborado por la organización de defensa de los conductores (AEA) el Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica proporcionará este año a las arcas municipales una recaudación en torno a los 4.000 millones de euros. Más de 36 millones de propietarios de vehículos (desde un ciclomotor a un camión de gran tonelaje) tendrán que afrontar en breve el pago de este impuesto aunque no los utilicen. De las 52 capitales de provincia, sólo tres han bajado mínimamente el impuesto entre un 1 y el 4% ( Córdoba, Teruel y Toledo). El resto mantienen las tarifas del año pasado.
El informe de AEA señala que siguen existiendo importantes diferencias de tarifas entre los distintos ayuntamientos españoles, en algunos casos de más de un 365%, lo cual explica el fenómeno de la matriculación de vehículos en verdaderos “paraísos fiscales“: Municipios españoles de conveniencia” con un favorable tratamiento fiscal. No en vano, siete pequeños ayuntamientos matriculan cerca del 40% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal.
Un automóvil en San Sebastián paga un 46% más por el impuesto municipal que uno de Madrid, o un 150% más que uno domiciliado en Tenerife. Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los “25 paraísos fiscales” que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900%.
Esta es una de las conclusiones a la que ha llega el estudio realizado por esta asociación de defensa del conductor que analiza las grandes diferencias de fiscalidad que existen en los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la existencia de auténticos “paraísos fiscales”
Más de 30 años de impuesto de circulación
Este impuesto, creado en España hace treinta y dos años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como “el numerito”), genera unos ingresos anuales de 3.800 millones de euros a las haciendas locales.
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos, y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del Pais Vasco y Navarra.
Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.
También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonenar el pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.
“Pero es esta facultad discrecional de los ayuntamientos -señala AEA en su informe- lo que ha desvirtuado la finalidad del sistema tributario y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos “paraísos fiscales” en relación con el pago de un impuesto al que están obligados más de 36 millones de contribuyentes”.
