La Comunidad de Madrid ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) el recurso contra el impuesto de grandes fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez y pide su suspensión cautelar. En el recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, denuncia que el impuesto atenta contra su capacidad para la gestión de tributos cedidos recogidas en la Constitución y sostiene que no se ha seguido la tramitación parlamentaria ordinaria. Es en este punto, que presenta como "principal reproche", en el que alega el mismo argumento que tumbó el plan de Sánchez para controlar la Justicia: se ha impedido presentar enmiendas, lo que atenta contra del derecho de representación política.
En este sentido, denuncia que su tramitación se ha llevado a cabo a través de una enmienda en una proposición de ley que no tenía que ver con este tributo, el que desarrolla los impuestos a banca y energéticas. obviando el procedimiento parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado. El Gobierno madrileño remarca que esto ha impedido el debate y la presentación de enmiendas al texto, en contra del derecho de representación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Precisamente el argumento del recurso del PP contra la reforma exprés del TC que introdujo el Gobierno a través de los Grupos Socialista y de Podemos como enmiendas a la proposición de ley de reforma del Código Penal que reforma la sedición y la malversación.
"Con todo, el segundo y principal reproche que ha de realizarse en este punto consiste en que el denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ni siquiera fue incluido en el texto inicial de la proposición de ley presentada ante el Congreso, sino que fue incorporado muy posteriormente en trámite de enmiendas. Y, por si ello no fuera suficiente, la enmienda fue presentada por los dos mismos grupos parlamentarios autores de la iniciativa, esto es, por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común", plantea el recurso.
"La desconexión es tan evidente que dos de las tres enmiendas presentadas van dirigidas a la modificación del título de la proposición y de su exposición de motivos, para dar cabida a este nuevo impuesto que se pretende crear a través de las mismas", insiste la Comunidad de Madrid, en alusión a que la proposición de ley se registró en el Congreso en julio y Hacienda decidió crear este impuesto en septiembre y lo introdujo como enmienda para saltarse trámites y acelerar el proceso, lo que impidió además al Parlamento enmendarlo. Así, en la enmienda cambia el nombre de la ley para incluir el nuevo impuesto. "'Déficit democrático' -en palabras de la sentencia del TC 136/2011- que fue denunciado en diversas ocasiones por numerosos grupos parlamentarios", recuerda.
El Ejecutivo madrileño, en los fundamentos jurídicos sobre los que se desarrolla el recurso al Alto Tribunal, denuncia que el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008. El diseñado por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las CCAA en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños. El recurso destaca que por este motivo supone una ruptura de autonomía financiera de las comunidades ya que afecta a su política fiscal, según establece el artículo 156 de la Constitución Española.
El impuesto, además, argumenta el recurso, entró en vigor el 29 de diciembre con efectos retroactivos para 2022 y contra el principio de seguridad jurídica. Asimismo, la Comunidad defiende que vulnera el de capacidad económica y no confiscatoriedad, sin justificar su creación al no existir necesidad recaudatoria. Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- y ahora se van a ver obligados a hacerlo.
El recurso del Ejecutivo autonómico incide en que se vulneran los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución Española, que señalan que "se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica" y que "en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Sin embargo, estima que se trata de una tasa definida como temporal, inicialmente exigible para dos años, período para el cual se han determinado unos tipos imponibles que son estimativos y presuponen una manifestación de riqueza ficticia, sin tener en cuenta los rendimientos reales de los recursos del contribuyente.
Impacto económico
En su recurso se recoge que no está justificada la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real, ya que se han alcanzado cifras récord en estos momentos debida a la coyuntura económica por la alta inflación y la política fiscal del Gobierno de España. De esta manera, el Gobierno madrileño remarca que se ha ignorado lo recogido en la Constitución en cuanto a la arbitrariedad de los poderes públicos. Según las estimaciones del Ejecutivo madrileño, este nuevo tributo del Gobierno central puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos
El Gobierno regional calcula que el impuesto, ya en vigor, acarreará una pérdida de 1.200 millones en inversiones, la caída de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones menos en ingresos para las arcas públicas madrileñas. Para intentar compensar estos efectos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una deducción en el IRPF del 20% para bonificar inversiones.
IWC
Ayuso es una garantía contra las desmedidas ansias de poder del autócrata