Hacienda ha vuelto a publicar las balanzas fiscales, unos datos que la Generalitat siempre retuerce en su provecho para propagar la idea de que Cataluña está maltratada y que en cualquier caso su economía sería mucho más próspera si se independizase. La lógica que aplican los independentistas se antoja inapelable: si tienen un saldo fiscal negativo respecto con el resto de España de unos 7.000, 8.000 o 10.000 millones de euros, imagínense qué podrían hacer con esos dineros si se independizasen y no tuviesen que entregarlos a esos vagos andaluces y extremeños que han montado auténticas redes clientelares a costa de los bolsillos de los catalanes. Y por supuesto esa inyección extra de recursos haría de Cataluña una economía perfectamente sostenible por sí sola, convertida gracias a sus distinguidos prohombres en una especie de Suiza o Dinamarca del Mediterráneo…
Sin embargo, las balanzas fiscales así aplicadas más bien parecen las cuentas de la lechera. En el fondo, los apologetas del independentismo juegan a confundir tres conceptos: la financiación autonómica, las balanzas fiscales y el dividendo fiscal.
Empecemos por el sistema de financiación. ¿Les parecería bien que Amancio Ortega tributase por IRPF lo mismo que cualquier español medio? Hoy por hoy el sistema tributario español es progresivo, lo que implica que los que más tienen pagan un porcentaje mayor de sus rentas. Y como en Cataluña hay más gente pudiente que en otras regiones, entonces lógicamente tributan más. De ahí el saldo fiscal deficitario que presentan Cataluña o Madrid con respecto al resto de España. Tamaño déficit no es más que el reflejo de que esos territorios son más ricos. Sin embargo, el objetivo de la financiación autonómica consiste en garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso similar a los servicios públicos y puedan recibir la misma cobertura con independencia de que vivan en una Comunidad rica o pobre.
A fin de cumplir con este propósito, primero se homogeneizan las competencias y los impuestos como si todas las CCAA tuviesen los mismos. Y, a continuación, se examina cuánto toca de financiación por cabeza teniendo en cuenta el coste que suponen factores como el envejecimiento de la población, la dispersión de los habitantes o la insularidad. Una vez se ponderan esas variables en el cálculo, se obtiene el habitante ajustado, el único parámetro que sirve para medir si una comunidad está bien o mal financiada a falta de que se invente otro. Y según ese esquema, los resultados difundidos por Hacienda son meridianamente claros: Cataluña se sitúa en la media y por lo tanto está adecuadamente financiada para atender sus servicios. De hecho, las que según estos cálculos pintan peor son Valencia, Murcia, Canarias y Andalucía. Por el contrario, País Vasco y Navarra se embolsan el doble de financiación que el resto de Comunidades a pesar de tratarse de dos de las Autonomías con mayor renta per cápita.
¿Y en el caso de la independencia?
Como ya hemos apuntado, a los prohombres del nacionalismo catalán les gusta hacer un uso espurio de las balanzas fiscales para poder decir que esos saldos a favor de Cataluña serían poco menos que el dividendo fiscal de la independencia. Imagínense qué bien iría la economía catalana tan pronto dejase de sufrir el expolio al que le somete el Estado español. Sin embargo, el saldo fiscal dista muchísimo de corresponderse con el dividendo fiscal. Veamos por tanto en qué consisten las cuentas de la lechera del independentismo...
La Generalitat ha llegado a declarar que sufre un déficit fiscal con el resto de España de hasta 15.000 millones de euros. Sólo que para llegar a esas cifras el govern contabiliza muchas rúbricas que engordan ese saldo fiscal pero con las que no podría contar en el caso de una hipotética secesión. Por ejemplo, se anota más de 1.000 millones de euros de déficit que Cataluña mantiene con la UE y no con España por tratarse de una región más rica. Se apunta como ingresos propios el IVA que abonan ciudadanos de otros territorios cuando compran productos catalanes, el IRPF de no residentes o las cotizaciones de empleados de empresas catalanas ubicados fuera de la comunidad catalana.
Y otro tanto ocurre con multitud de partidas que la Generalitat distribuye como más le conviene. Por ejemplo, sólo contabiliza los gastos de numerosos organismos del Estado en la medida en que éstos tienen sede en Cataluña. Y ello a pesar de que los catalanes se benefician igual que el resto de la Agencia Española de Medicamentos, la de Seguridad Alimentaria, el BOE, el Instituto Nacional de Consumo, el de Turismo o el Consejo de Seguridad Nuclear, por decir sólo algunas. De forma igualmente torticera, también se minusvaloran muy sustancialmente los desembolsos por la Policía, Defensa, Exteriores, la carga de intereses o, en general, toda la estructura del Estado. Si se compra material médico en Madrid para toda España, eso se imputa en la capital aunque luego una parte se vaya a usar en la comunidad catalana. Si se invierte en una carretera o un AVE que va hacia Barcelona, únicamente se computa en el debe de Cataluña lo allí efectivamente desembolsado, por más que los catalanes sean los que más se beneficien de lo gastado en la infraestructura a lo largo de Aragón.
Y la traca final consiste en que la Generalitat no contabiliza todo el déficit en el que incurre el Estado para pagar en Cataluña, entre otras cosas, las prestaciones de desempleo o las pensiones, un agujero que asciende al entorno de los 6.000 millones de euros según las balanzas fiscales publicadas esta semana por Hacienda con el método diseñado por Ángel de la Fuente. Y ello significa que el déficit de Cataluña con respecto al resto tan sólo ascendería en 2012 a los 1.220 millones y no a los 7.439 millones que tanto se han publicitado durante esta semana.
La razón que esgrimen los nacionalistas para borrar ese déficit de los saldos se resume en que se genera una deuda que la terminarán pagando los catalanes con sus impuestos. Sin embargo, semejante discurso implica no entender cómo funciona el endeudamiento público. La deuda nunca se amortiza con impuestos. En la práctica sólo se reduce mediante privatizaciones o, sobre todo, por la vía del crecimiento del PIB, el cual crece hasta diluir la ratio de deuda sobre PIB como fue el caso durante los mandatos de Aznar y Zapatero.
Aún así, cada vez que se discute esta treta de neutralizar el déficit, los economistas catalanes como Xavier Sala i Martín insisten en el argumento de que España está usando la visa de Cataluña para sufragar los gastos.
Sin embargo, no parece nada serio contar con ese déficit y consiguiente endeudamiento como si fuese un dividendo fiscal de la independencia. Claramente se trata de las cuentas de la lechera. Máxime cuando ese saldo de sólo 1.200 millones se vería rápidamente evaporado al perder mercado en España, desaprovechar economías de escala, financiarse a tipos más altos y costear toda la instauración de un nuevo Estado…O sea, que en el caso de una segregación no tendrían dividendo fiscal sino más bien lo contrario.
A los nacionalistas habría que recordarles que durante los últimos años la visa de Cataluña no tenía crédito incluso estando dentro de España y de Europa. ¿O nadie se acuerda ya de que los bonos patrióticos ofrecían unos intereses absolutamente impagables por parte de la Generalitat? Los secesionistas sencillamente venden un retorno fiscal que no existe como tal. Mediante argumentos zafios, confunden el endeudamiento con un gran dividendo fiscal.
