CaixaBank y los sindicatos han formado este viernes un acuerdo para realizar hasta 484 desvinculaciones voluntarias incentivadas entre los empleados que este año cumplen 58 años o más. El acuerdo, según han informado a Europa Press fuentes sindicales y de la entidad financiera, contempla un complemento del 75% de la retribución bruta anual durante hasta cinco años, con una revalorización anual del 1% de la retribución y de la aportación al plan de pensiones de los empleados y financiación del Convenio Especial con la Seguridad Social para que los trabajadores que ahora abandonen la entidad sigan cotizando y se puedan jubilar cuando lleguen a los 63 o 64 años.
Los interesados en adherirse a este plan deberán hacerlo entre el próximo lunes y el 25 de abril, y las salidas se realizarán con efectos 1 de junio, mientras que en planes anteriores -CaixaBank acuerda planes de prejubilaciones periódicamente desde hace años- se realizaban cuando el trabajador cumplía años. El último plan de características similares se realizó en 2014 -en 2015 CaixaBank aplicó un ERE de adhesión voluntaria que también incluyó prejubilaciones- y el grupo CaixaBank cerró 2015 con 32.242 empleados.
Según la entidad, se ha mantenido "en todo momento una voluntad negociadora y de diálogo"
CaixaBank ha explicado en un comunicado que, como en anteriores procesos, la entidad ha mantenido "en todo momento una voluntad negociadora y de diálogo" con la representación laboral de los trabajadores, a lo que ha atribuido el haber alcanzado este acuerdo en un breve período de tiempo. CC.OO. ha celebrado el acuerdo pero ha incidido en que el 90% de los empleados que pueden acceder a estas prejubilaciones son de Catalunya, donde la plantilla de la entidad financiera es deficitaria, por lo que el sindicato ha pedido nuevas contrataciones "de forma urgente".
En un comunicado, ha argumentado que ello debe evitar que "aumente aún más la sobrecarga de trabajo de una plantilla que se ve obligada a prolongar su jornada laboral de manera sistemática", y también ha indicado que las nuevas contrataciones deben servir para dar cumplimiento al compromiso de retorno a sus territorios de origen de aquellas personas afectadas por movilidad geográfica.
