Las entidades financieras tendrán que abonar una tasa del 1,5% por los activos fiscales que garantiza el Gobierno y que les sirven para cumplir con sus ratios de solvencia. Sin embargo, no tendrán que pagar por todos estos avales, conocidos por sus siglas en inglés como DTAs. De los 40.000 millones de activos fiscales respaldados por el Estado, unos 12.000 millones están exentos de tributar porque ya lo hicieron en su momento. Se generaron en una época de bonanza en la que la banca ya contribuía a las arcas públicas. En cambio, los 28.000 millones restantes se apuntaron en medio de la crisis, justo cuando la mayoría de las entidades apenas tributaba como consecuencia de las pérdidas anotadas, sobre todo, en el ladrillo. En ese caso, los bancos tendrán que pagar un 1,5 por ciento de la diferencia entre los activos fiscales garantizados y lo que hayan tributado durante el periodo 2008-2015.
¿Y a cuánto asciende entonces la cifra total que tendrán que depositar en la caja de Hacienda? De acuerdo con estimaciones realizadas por fuentes financieras de toda solvencia, el montante alcanzará en su conjunto los 270 millones de euros anuales a repartir entre casi todas las entidades.
La banca hace cálculos
Los departamentos fiscales de las principales entidades financieras españolas trabajaban este lunes elaborando los cálculos de cuánto dinero tendrían que aportar a Hacienda tras conocerse que el PP prepara una enmienda a los Presupuestos de 2016 para instaurar una tasa sobre los DTA y salvar así una posible sanción de Bruselas, que investigaba esta práctica.
Aunque en un principio los bancos se pusieron en lo peor y estimaron cantidades máximas, la cifra final será previsiblemente inferior a la que se figuraron en un primer momento. Fuentes de diversas entidades bancarias consultadas advirtieron que en todo caso el cálculo no es sencillo, ya que deben tener en cuenta los impuestos abonados por ellas mismas y por las entidades absorbidas. Un montante que luego habrán de netear con la tasa fijada por el Gobierno.
Según datos aportados por bancos de inversión, los DTA con los que contaban las seis principales entidades españolas a 30 de junio eran: Santander, 8.400 millones; BBVA, 9.000; Caixabank, 5.400; Bankia, 5.500; Popular, 1.700; y Sabadell, 5.400 millones de euros. Atendiendo a estas primeras estimaciones, las cifras que como máximo deberían aportar cada una de estas entidades serían, aproximadamente, 85 millones Santander; 95 millones BBVA; 60 millones Caixabank; 60 millones Bankia; 17 millones Popular; y 60 millones Sabadell. Pero, como apuntaron a última hora de la tarde del lunes fuentes financieras, los “factores mitigantes” antes mencionados reducirán de forma sustancial dichas cantidades. De ahí la cifra de 270 millones frente a los 419 millones pronosticados inicialmente.
En opinión de fuentes del sector, las entidades que ya pagaron impuestos se enfrentarán por tanto a una factura fiscal más reducida. Por el contrario, La Caixa, Sabadell, BMN, Liberbank y Bankia se encuentran entre las que probablemente tributaron menos durante la crisis y, en consecuencia, tendrán que hacer frente ahora a un desembolso mayor.
¿Qué es un DTA?
En España existe una diferencia entre el momento en el que se genera una pérdida contable y el periodo en el que se puede deducir fiscalmente. De ordinario, la banca acumula esas pérdidas para poder desgravárselas en futuros ejercicios. Sin embargo, contablemente se las apunta ya en los libros como si fuesen un activo o derecho a cobrar.
No obstante, de cara a los requisitos de solvencia establecidos por los criterios de Basilea en 2013, esos activos no contarán en 2019 como capital a menos que el Estado garantice que los va a abonar en el supuesto de una liquidación. En medio de la crisis financiera, ese endurecimiento de la regulación añadió más incertidumbre sobre la solvencia de las entidades españolas. Así que en el mismo año 2013, el Reino de España avaló dos tercios de esos activos con el fin de reforzar la solvencia de la banca patria y evitar que tuvieran que recapitalizarse en unos mercados cerrados a cal y canto.
El problema residía en que la Comisión Europea suele considerar semejantes esquemas como una ayuda de Estado. De modo que el Gobierno español ha ideado este impuestazo del 1,5 por ciento sobre los activos fiscales sin tributar. Una iniciativa que ha consensuado con Bruselas y a la que un portavoz del Ejecutivo comunitario ya ha dado en público el visto bueno este mismo lunes.
