Banca y energéticas deberán realizar el próximo febrero un pago a cuenta del 50% de los nuevos impuestos que acaban de entrar en el Congreso, con lo que el Gobierno prevé que ingresen 1.750 millones de euros en el segundo mes de 2023. Los Grupos Socialista y de Podemos han registrado la proposición de ley con los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, que establece un pago fraccionado del 50%, cuando el impuesto a la banca prevé recaudar 1.500 millones al año, y el de las energéticas, 2.000.
La declaración de los impuestos se realizará en septiembre de 2023 y 2024. El impuesto a las energéticas gravará un 1,2% el importe neto de la cifra de negocios de 2022 y 2023, y el de la banca, la diferencia entre las comisiones e intereses netos cobrados y pagados de los mismos ejercicios.
En el caso de las energéticas, afectará a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, a los que sólo se gravará cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros.
A la banca se le incluye con los mismos criterios si su diferencia bruta entre comisiones e intereses pagados y cobrados supera los 800 millones. Se gravará un 4,8% la misma diferencia, neta.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigilará que los impuestos no se repercutan a los consumidores, en el caso del impuesto a la banca, junto con Banco de España, e impondrá sanciones del 150% del importe repercutido.
Se trata de dos impuestos que venía reclamando Podemos y que el Gobierno decidió implantar tras el fiasco de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio y cuando tenía que prorrogar las medidas contra la guerra y plantear otras por la escalada de la inflación.
A mediados de junio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclamaba un recargo fiscal a las energéticas al que se refirió en ocasiones como impuesto a las eléctricas y que se planteaba como una subida de diez puntos en el Impuesto sobre Sociedades. Tras una serie de desencuentros con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que planteaba que el impuesto no se podía implantar ya como exigía Díaz, y con otros ministros económicos que respaldaban a Montero, finalmente Hacienda confirmó que trabajaba activamente en un impuesto que Pedro Sánchez anunció el 25 de junio.
Los únicos detalles
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que prorrogó el Real Decreto-ley de medidas contra la guerra, el presidente del Gobierno anunció que los grupos que sustentan al Ejecutivo registrarían una proposición de ley con el impuesto "en las próximas semanas". Con esta vía, se salta al Consejo de Estado y se acelera el proceso.
A la que luego se sumó el impuesto a la banca que anunció Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación el 12 de julio, lo que retrasó el registro del de las energéticas y ha obligado a Hacienda a preparar el de la banca contrarreloj, para que finalmente se registren este jueves.
Los únicos detalles que dio fue que prevé recaudar 3.000 millones de euros en 2023 y 2024 y aseguró que gravaría los beneficios extra por el alza de tipos, de los que aseguró que el sector ya se estaba beneficiando. Sin embargo, en el diseño del impuesto Hacienda ha estudiado gravar comisiones e intereses y la masa salarial.
El impuesto a las energéticas proyecta ingresar 4.000 millones en 2023 y 2024 y se planteaba como una copia del italiano, en vigor desde abril, que grava los beneficios extra de las eléctricas en comparación con periodos anteriores. El tributo español, se aplica también a petroleras y gasistas. Hacienda planteó que los dos impuestos afectarán a empresas que facturen más de 1.000 millones.
Finalmente, también a imagen del impuesto italiano, el Gobierno anunció que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigilará que no se repercuta a los consumidores. En el caso de las energéticas, la fórmula no parece extraña -aunque pueda ser inútil-: se trata de sectores que regula. En el caso de la banca, reviste mayor complejidad.
