"Nos hemos convertido en el blanco fácil del Gobierno". Con esta frase de resignación resumía hace unos días un alto ejecutivo bancario la relación con Pedro Sánchez en los últimos meses. Los bancos tenían marcado en rojo 2022 como el año del final de la era de los tipos negativos tras casi una década, en la que tuvieron que recurrir a los despidos y cierres masivos de oficinas. Y las expectativas se cumplieron, pero con un guión totalmente inesperado: Sánchez resucitó el impuesto al sector con el que amagó en 2018 cuando desembarcó en La Moncloa.

El Gobierno anunció a mediados de julio una nueva carga fiscal a los bancos para gravar los "beneficios extraordinarios" por las subidas aceleradas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en su cruzada contra la inflación. Desde el inicio se anunció un plan para recaudar unos 3.000 millones de euros en 2023 y 2024, pero el diseño del nuevo gravamen se ha ido improvisando para convertir el impuesto en ley antes de que terminara 2022. Finalmente quedarán fuera del perímetro los bancos extranjeros, como ING o Deutsche Bank, que no alcanzan el listón de 800 millones sobre el nivel de ingresos y comisiones. Una 'derrota' más para los banqueros nacionales, que presionaron al Gobierno con incluir a todas las entidades bajo el paraguas del BCE para evitar una distorsión de la competencia.

El 'impuestazo' le costó a Sánchez un choque frontal con el supervisor único, que se posicionó, como no podía ser de otra forma, contra los planes de Sánchez. Avisó de que podía "falsear" la competencia e instó a las entidades a trasladar el coste del impuesto a los clientes, como marca la normativa bancaria actual. En el primer caso, el supervisor único considera que se puede "perjudicar la igualdad de condiciones" dentro de España y en toda la Unión Bancaria, con lo que se abre la vía a que Bruselas pueda demandar al Gobierno por la ilegalidad de la nueva tasa. Y en el segundo punto, el Gobierno pretender vigilar a través de la CNMC que los bancos no lo repercutan a los clientes.

¿Un impuesto permanente?

Ahora, las dudas de los banqueros se centran en si el impuestazo ha nacido para quedarse de forma fija en la estructura impositiva del Estado. Por lo pronto, el Gobierno se ha comprometido a examinar si lo extiende más allá de 2024, para lo que hará un informe sobre su conveniencia. Este simple hecho, como trasladan desde uno de los grandes bancos del Ibex, ya provocará otro encarecimiento en los productos financieros, como las hipotecas, o el cobro de más comisiones. En el seno del BCE, de hecho, se da por descontado que el impuestazo se hará irreversible, independientemente del color del partido político.

"Una vez que el 'impuestazo' se convierta en ley, será muy difícil quitarlo", asumen fuentes cercanas a Fráncfort, que inciden en que la nueva tasa se convierta en una palanca esencial para sostener los ingresos del Estado en un contexto previsible de caída de la recaudación.

Pero la ‘ofensiva’ de Sánchez contra los bancos no quedó ahí. El Gobierno forzó a finales de año un pacto precipitado con el sector para proteger a las familias vulnerables del rally del euribor. Los banqueros se vieron arrastrados a un ‘acuerdo’ para evitar el coste reputacional, aunque las extensiones de los créditos y carencias propuestas para clientes con rentas de hasta 29.400 euros les obligará a provisionar entre 1.000 y 2.000 millones de euros adicionales, según estimaciones del sector.

Con la mala imagen por la ola de desahucios en 2012 en el recuerdo, las entidades se han visto obligadas a acogerse a un plan de medidas de alivio para los hipotecados, a pesar de que desde el inicio de las conversaciones habían restado urgencia a un posible pacto porque cada entidad analiza “caso por caso” a sus clientes. También marcaron líneas rojas al Ejecutivo para no poner en duda la cultura de pago de las deudas, sobre todo por las pretensiones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que exigió medidas más ambiciosas.

“No había urgencia. Las entidades tienen acotado el riesgo, de momento. Se trataba más de buscar un acuerdo que se pudiera vestir políticamente", señalaba en privado un alto responsable de los supervisores bancarios, que resumía el sentir generalizado del sector bancario.

Emerge un nuevo frente por los depósitos

Ahora, las entidades temen que la beligerancia política en pleno año electoral –hay elecciones municipales y en varias comunidades, y se prevé que las generales se celebren a finales de año- les vuelva a poner en el foco del debate público. De hecho, los banqueros se preparan para un posible choque con el Gobierno por la baja rentabilidad de los depósitos. Los grandes bancos como Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell se resisten a remunerar este producto por la liquidez existente, lo que lleva a que las entidades españolas paguen casi un 60% menos por los depósitos que sus competidores europeos.

EL Gobierno ya usó el argumento de la baja rentabilidad de los depósitos para defender el 'impuestazo' ante los avisos del BCE. Y los banqueros no descartan que la relación se haga más tensa con Sánchez ya sea por esta u otra cuestión. “Si protestan Botín y Galán, vamos en la buena dirección”, replicó el presidente del Gobierno a las críticas de los bancos tras anunciar el 'impuestazo'. Ahora que las subidas de tipos mejorarán el negocio, los banqueros piden más que nunca despojarse de la política.