El Banco de España pone límite al plan de Calviño para ayudar a los hipotecados. El supervisor ha advertido de que extender el pacto más allá de las familias vulnerables puede perjudicar al sistema y provocar un encarecimiento de las hipotecas en el futuro en medio de una crisis de precios y en plena subida de los tipos de interés.
“La hipoteca es lo último que se deja de pagar. Cualquier medida debe ser transitoria para que la fortaleza del sistema financiero no se pierda y que las medidas ayuden a los que hay en situación de vulnerabilidad, pero no perjudique a los futuros demandantes de hipotecas”, ha alertado Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución en la presentación del informe de estabilidad financiera presentado hoy.
En su informe, el supervisor advierte de que las familias tendrán más difícil repagar sus deudas por la subida de los tipos y calcula que un aumento del euribor a doce meses de 300 puntos básicos elevaría los gastos financiero netos de los hogares endeudados en un equivalente al 2,3% de su renta tras la repreciación de las cuota. Y provocaría un incremento desde el 10% al 13,8% del porcentaje de familias vulnerables sin un colchón para afrontar la crisis, que el Banco de España reconoce que será mayor porque el euribor se acerca ya al 3%.
“Adicionalmente, si se materializaran algunos de los escenarios de riesgo sobre la evolución económica comentados anteriormente, se podría producir una reducción de las rentas reales de los hogares a través del incremento del desempleo o de la mayor persistencia de la inflación, lo que agravaría su situación económica”, recoge dicho informe.
Choque por el impuesto
El Banco de España también advierte al Gobierno sobre los efectos del impuestazo, que, a su juicio, aminorará la rentabilidad y la capacidad de generación de capital orgánico de las entidades en los dos próximos años, cuando está previsto que se elimine.
El impuesto reduciría hasta 0,2 puntos porcentuales la ratio CET1, el capital de máxima calidad, de los bancos, según la prueba de resistencia que hace el Banco de España cada año. En un escenario adverso, que contempla una política monetaria más dura por la inflación y una caída del PIB, este nivel de solvencia pasaría del 12,8% del cierre de 2021 al 10,5% en 2024, sobre todo lastrado por la tenencia de deuda pública en los balances.
“La propuesta legislativa de un gravamen fiscal temporal disminuiría la cuenta de resultados del sector y la capacidad de generación orgánica de capital en los dos próximos años”, recoge el informe de estabilidad financiera presentado hoy por el banco central, que dedica un apartado en exclusivo sobre el dictamen del BCE emitido el 2 de noviembre.
Ángel Estrada dio por hecho que los bancos acabarán trasladando a los clientes el nuevo gravamen, del 4,8% sobre los ingresos típicos y las comisiones por la venta de productos financieros. “Hay una dificultad técnica de hacer un análisis sobre si se traslada”, advirtió, no obstante, en línea con el BCE.
Incrementan los riesgos para la estabilidad financiera
El Banco de España detecta un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera respecto al último informe, publicado en primavera, por la guerra en Ucrania, la amenaza de una inflación “más elevada y persistente”, así como por la mayor probabilidad de que se produzca una recesión económica, según pone de manifiesto Ángel Estrada, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución.
Como factores de vulnerabilidad, el Banco de España advierte sobre el elevado endeudamiento público y el déficit público, que cerró la primera mitad del año en el 4,6% del PIB. “Es necesario definir y anunciar un plan de consolidación fiscal para ser aplicado cuando la incertidumbre se disipe y no haya riesgo de contracción económica”, defiende Estrada, quien argumenta que con estas medidas se rebajaría el riesgo de caer en recesión.
El Banco de España, por otro lado, pide prudencia al sector tanto en su política de dividendos como en la dotación de provisiones para cubrir futuras pérdidas por la incertidumbre. Aunque considera que la morosidad está contenida, con una tasa del 3,8% en junio, con 45.000 millones en dudosos. En cuanto a los préstamos en vigilancia especial, potencialmente en mora, suponen el 7% del sistema, con casi 85.000 millones. Se trata de una tasa por debajo del 8% del máximo de la pandemia.
