Banco de España tendrá que asumir el coste de la defensa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez por el caso Bankia, así como el del resto de directivos imputados por la salida a Bolsa de la entidad financiera. La Comisión Nacional del Mercado de Valores también ofrecerá asesoramiento legal a su expresidente Julio Segura y a su exvicepresidente Fernando Restoy.
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó este lunes que se cite a declarar como investigados a los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y posterior salida a Bolsa.
Además de Miguel Ángel Ordóñez y Julio Segura, declararán como imputados Mariano Herrera García-Cantauri (en la actualidad es director general de la Dirección General de Supervisión del Banco de España); Pedro Comín (adjunto a Herrera García-Cantauri); Pedro González (ocupa un puesto en Inspección, dependiente de Supervisión); Jerónimo Martínez Tello (ha abandonado recientemente el Banco de España); y Javier Aríztegui (fue número dos de Ordóñez y en la actualidad trabaja en el Mecanismo Único de Resolución, MUR, del BCE en Frankfurt). También será citado a declarar como investigado el exvicepresidente de la CNMV y exmiembro del consejo de Banco de España, Fernando Restoy.
En el caso de la CNMV, la Abogacía del Estado se hace cargo de la representación legal de un directivo o exdirectivo imputado
El Reglamento Interno del Banco de España, aprobado por el Consejo de Gobierno de la entidad en marzo de 2000, dice en su artículo 26, sobre la defensa jurídica, que la entidad "asumirá la dirección jurídica y defensa, asesoramiento y consejo jurídico, de sus empleados y miembros de sus órganos rectores y de dirección en los casos a que se refiere el artículo anterior, incluso cuando la relación laboral o vínculo del interesado con el Banco de España haya cesado en el momento de la iniciación de la reclamación o procedimiento".
El artículo 25 de la sección del Reglamento dedicado al apoyo jurídico institucional otorgado por el Banco de España señala en su punto dos que cubrirá "las reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que los particulares formulen frente a sus autoridades y empleados", cuando los daños alegados tengan su origen en supuestos como "el desempeño de las funciones que desarrollen o hayan desarrollado en el Banco, por razón de su empleo o cargo".
El Reglamento aprobado en el año 2000 "constituye la norma interna básica y de más alto rango de la organización y funcionamiento del Banco de España". El mismo contempla también que si alguna autoridad o empleado "es condenado al pago de indemnizaciones derivadas de la comisión de algún delito o falta", el Banco de España "abonará el importe de las citadas indemnizaciones". Y añade que una vez que se efectuara la indemnización "exigirá de oficio de sus autoridades y empleados, en vía de regreso, la responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo, culpa o negligencia grave, previa la instrucción del correspondiente procedimiento".
Desde el Banco de España se indicó ayer a este diario que en estos momentos se está estudiando si efectivamente el organismo debe asumir la defensa de los imputados. No fue posible aclarar si la entidad cuenta con un seguro que cubra este tipo de gastos o si será un Abogado del Estado el que represente a los investigados, o letrados del servicio jurídico del Banco de España.
El artículo 54 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV dice que el regulador del mercado español "garantizará la defensa y asesoramiento jurídico gratuitos de sus autoridades y personal por las responsabilidades que pudieran derivarse de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones".
El reglamento del organismo añade que habilitará los fondos precisos para la constitución de las fianzas y garantías que procesalmente pudieran exigirse, "incluso cuando la relación laboral o vínculo del interesado con la CNMV haya cesado en el momento de la iniciación de la reclamación o procedimiento".
Desde la CNMV se explicó este lunes a este diario que el organismo pondrá a disposición de los investigados asesoría jurídica, y que estos podrán aceptarla o rechazarla. El regulador cuenta con un convenio con la Abogacía del Estado por el cual sería este cuerpo el que asumiría la representación legal de los imputados.
