El Gobierno se resiste a chocar con el Banco Central Europeo (BCE) por el impuesto a la banca. El gravamen para recaudar unos 3.000 millones de euros en dos años puede contravenir la normativa bancaria actual, por lo que el Ejecutivo está dilatando al máximo el tiempo para pedir una aclaración del supervisor único. En la antesala de la tramitación parlamentaria, aún no tiene definido un calendario concreto de actuación, según trasladan fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli.

Pedro Sánchez puso en alerta al organismo con sede en Francfort el pasado 12 de julio, cuando anunció por sorpresa un impuesto a la banca. En el seno del BCE se teme que pueda frenar el crédito y pueda lastrar la capacidad de pago de dividendos de algunos bancos, aunque, de momento, ha manifestado una oposición tibia que entre los ejecutivos bancarios españoles no ha gustado por su falta de contundencia.

La intención del Ministerio de Hacienda es consultar con el supervisor si el tributo es compatible con la ley bancaria. En Francfort todavía no hay constancia de que el Gobierno haya solicitado o vaya a solicitar su opinión sobre el impuesto, según fuentes próximas al supervisor único. Fuentes oficiales del BCE prefirieron no hacer comentarios.

El Grupo Socialista y Podemos, como socios del Gobierno de coalición, registraron el 28 de julio una proposición de ley para gravar con un tipo del 4,8% los ingresos por el negocio tradicional y por las comisiones netas. En el texto registrado en el Congreso se recoge la intención de controlar, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y del Banco de España, que las entidades no repercutan a los clientes el nuevo impuesto. Los bancos se exponen a sanciones del 150% del importe trasladado.

El Gobierno descarta dar marcha atrás al nuevo impuesto diga lo que diga el BCE"

Pero estos planes, además de ser muy difícil de determinar si se encarece el crédito por el impuesto, irían contra la normativa bancaria vigente en Europa. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) obliga a los bancos a conformar el precio de sus productos teniendo en cuenta todos los costes, incluidos los impuestos. Este puede ser el principal choque con el BCE.

La proposición de ley tiene que ser aceptada por el Congreso. No se descarta que la votación se pueda producir en el pleno extraordinario que se celebrará el 25 de agosto, en el que se convalidará el decreto de ahorro energético. Aunque para ello el Grupo Socialista y Podemos tendrían que solicitar la toma en consideración de la proposición de ley sobre los impuestos a los bancos y energéticas. También se contempla inicios de septiembre para esta votación.

En cualquier caso, el Gobierno tiene claro que no dará marcha atrás al nuevo impuesto a los bancos independientemente de la opinión del BCE. En caso de que el supervisor único emita un informe sobre el impuesto "no será preceptivo", como publicó Vozpópuli.

El Gobierno y su relación 'combativa' con los supervisores

En 2019, cuando Lituania anunció que aplicaría un impuesto a la banca, el BCE se opuso claramente y exigió al Gobierno del país que midiera las consecuencias sobre el sector financiero. En el caso del 'impuestazo' de Sánchez, el supervisor único se ha limitado a hacer una declaración general.

"Deberíamos evitar que afecte al crecimiento del crédito. El impuesto no debería dañar la solvencia de los bancos ni endurecer las condiciones de financiación. Siempre hemos dado este mensaje. No sabemos las características del impuesto de España, queda mucho por concretar y esperaremos un poco", dijo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, hace casi un mes.

El Ejecutivo de Sánchez lleva tiempo con una actitud combativa con la 'sucursal' del BCE en España: el Banco de España. Las reforma laboral y la de las pensiones han enfrentado a miembros destacados del Gobierno, como Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, con el gobernador, Pablo Hernández de Cos.

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