La banca española busca aliados políticos para frenar o cambiar el impuesto al sector. Prepara una acción de lobby a nivel sectorial para que PP o Vox presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional o para que al menos suavicen el gravamen en la tramitación parlamentaria, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

Las entidades tienen estas dos opciones encima de la mesa tras conocer el impuesto, que precisamente el Gobierno prefiere llamarlo "prestación patrimonial de carácter público" como medida para cubrirse ante posibles litigios. Los bancos son conscientes de que será difícil que cualquier partido político pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad por el coste político, pero echarán el resto para apurar esta vía. Los equipos jurídicos de los bancos están convencidos de que el impuesto, que pretende recaudar unos 3.000 millones de euros en dos años, es inconstitucional.

"Hay una clara doble imposición. Es el impuesto de Sociedades bis", señala un alto directivo de uno de los grandes bancos del Ibex. En el propio texto de la proposición de ley, que registraron el jueves el Grupo Socialista y Podemos, se llega a admitir la doble imposición en Sociedades como argumento para contrarrestar que ataca la capacidad económica.

El recurso ante el Tribunal Constitucional requiere de al menos 50 diputados y no pararía la tramitación parlamentaria del impuesto. Pero si el Constitucional lo admite con carácter de urgencia, que no sería descartable, se podría declarar inconstitucional en tres o cuatro meses, según fuentes jurídicas.

Esto aceleraría los plazos para que la banca no pagara el nuevo gravamen. En caso de que cada entidad tenga que explorar la vía judicial por separado, sólo se podría activar a partir de febrero de 2023, cuando los bancos deberán realizar un abono a cuenta del 50%, según fuentes bancarias. "No es fácil, pero se va a intentar", señalan fuentes próximas a varios de los grandes bancos.

La vía para suavizarlo con enmiendas

La otra vía que contemplan las entidades es 'convencer' a PP o Vox para que presenten alternativas "más suaves y equitativas" en la fase de enmiendas a la proposición de ley. En este punto, que los bancos consideran que sería más factible, se confía en que se pueda bajar el listón de 800 millones de euros sobre la base de ingresos por el margen de interés y por las comisiones del ejercicio 2019.

Los grandes bancos no entienden por qué se deja fuera a entidades más pequeñas, pero que son competidores directos en determinadas zonas geográficas, ni tampoco por qué no entran en el corte sucursales de bancos extranjeros, como ING, que tiene más de tres millones de clientes en España. Para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, el nuevo gravamen puede provocar una competencia "insana" en el sector financiero. "¿Vamos a dejar que los famosos fondos buitres sean más competitivos que la banca española para financiar a las empresas porque no tienen este gravamen?", advirtió.

No entendemos la beligerancia del presidente del Gobierno contra los bancos", asegura con resignación un ejecutivo bancario

El consejero delegado de CaixaBank, de hecho, mostró su confianza en que el impuesto pueda "mutar" en la tramitación parlamentaria para hacer la proposición "más acorde", en alusión a que se pueda rebajar el corte por debajo de los 800 millones.

Espadas en alto

Los bancos ya han empezado a hacer números sobre el coste del impuesto, que gravará el 4,8% de los ingresos por el negocio tradicional y por las comisiones. CaixaBank y BBVA estiman un impacto de hasta 450 y 250 millones, respectivamente, en el pago del primer año, que se hará en 2023 en base a los ingresos de este año. Todos los bancos mantienen las espadas en alto y se abren a dar la batalla legal, aunque públicamente los principales banqueros se han limitado a advertir sobre los efectos económicos que podría tener la nueva tasa.

El Gobierno ha irritado a los banqueros por el impuesto y sobre todo por las formas de anunciarlo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sorprendió el 12 de julio al rescatar la idea de aplicar un gravamen extraordinario al sector, que se había abandonado hace cuatro años. Pero los banqueros, pese a que mantienen un tono de colaboración en público, reprochan al Gobierno que anunciara el impuestazo sin previo aviso y sin tenerlo definido. Y tampoco hay visos de que la relación, al menos en privado, se pueda reconducir. Este mismo viernes, Sánchez dijo: "Si protestan Botín y Galán, entonces vamos en la buena dirección". "No entendemos esta beligerancia", aseguraba con resignación un ejecutivo bancario.