Una pequeña agencia de calificación canadiense, de 300 empleados, puede enredar el ya de por sí complicado escenario del Popular. Es DBRS, la única agencia de ráting que por el momento no ha degradado al banco a bono basura. Es uno de los retos que tiene el nuevo presidente, Emilio Saracho, que esta semana ha desgranado por primera vez el futuro de la entidad.
Saracho reconoció ayer que el banco va “ajustado” de capital, por lo que tendrá que pedir una nueva ampliación a los accionistas o fusionarse. De liquidez, desde la entidad señalan que está todo bien. Pero varios grandes inversores españoles consultados por este medio señalan que una bajada de ráting de DBRS añadiría presión también en este frente.
De los cuatro ráting (o notas financieras) que tiene la entidad, tres están ya en bono basura –los de S&P, Moody’s y Fitch-, un grado que se da a los emisores con una perspectiva financiera menos sólida. Aunque también pueden ser por una situación de tensión puntual: el propio Reino de España estuvo al borde del bono basura en lo peor de la crisis griega y portuguesa. S&P, Moody's y Fitch son las tres principales agencias y las más seguidas por los inversores, por lo que el principal efecto de la bajada de rating ya se habría producido para el Popular, que a pesar de ello se ha seguido financiando. Contribuye que las entidades llevan toda la crisis tratando de reducir el peso de la financiación mayorista, frente a los depósitos tradicionales.
Frente a las tres grandes agencias, DBRS mantiene una calificación a Popular en BBB bajo (sólo un escalón por encima del bono basura), y con perspectiva negativa, por lo que podría haber nuevos recortes en el futuro. La agencia canadiense ha hecho ya dos bajadas del ráting a la entidad presidida por Saracho este año, la última la semana pasada.
Muchos fondos tienen restricciones por su propio folleto para invertir en emisiones en bono basura
El ráting es clave para Popular y cualquier banco o empresa que emita en el mercado, ya que hay muchos inversores que automatizan sus decisiones de inversión en función del ráting. Es decir, si sale al mercado una emisión AAA (la mejor calificación) compran de forma casi automática, si hay liquidez disponible. Pero si la nota financiera es de bono basura hay muchas más restricciones.
Así, los grandes fondos conservadores tienen limitaciones para invertir en emisiones en grado bono basura. De los cuatro mayores de España de la categoría renta fija, el mayor, el Mutuafondo Corto Plazo, no podría invertir en Popular si DBRS bajara su calificación. Según las últimas cifras, este fondo tenía a finales de 2016 cerca de 30 millones en pagarés y depósitos del Popular. Otros dos de los cuatro mayores, el Santander Renta Fija Corto Plazo y el BBVA Ahorro Corto Plazo II, no pueden invertir más de un 5% de su patrimonio en bonos basura. Y el cuarto, el ING Direct Fondo Naranja Renta Fija, destina hasta un 20% de sus activos a emisiones con un ráting inferior al BBB-. Entre los cuatro fondos gestionan casi 5.000 millones de euros, según Inverco. Son los cuatro mayores ejemplos, luego cada fondo español e internacional tiene su propia política de inversión.
Futuro del banco
En este entorno, Saracho remarcó este lunes cuáles son las prioridades estratégicas del banco: “Nuestro plan no es ciencia espacial, tenemos que centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, vender lo no estratégico y ponernos frente a los inversores para pedir recursos. Si no hacemos los deberes no los denegarán. Entre hoy y entonces, si hay consolidación, no tengo el más mínimo problema. La independencia es un valor hasta el día que es una carga”, señaló en la junta el nuevo presidente. Es decir, el plan central, vender activos y ampliar capital. Pero si surge una buena oferta, venderá el banco.
Por el camino, el banquero de inversión señaló que no le va a temblar el pulso para volver a cambiar las cuentas si encuentra deficiencias y dio por imposible retirar la pensión de jubilación a su predecesor, Ángel Ron. “Hay cosas que no podemos hacer”. Aun así, señaló que se trata de un tipo de retribución “poco transparente” a la que en adelante se va a poner fin.
