El Banco de España advierte de que limitar los precios del alquiler, como ha ocurrido en Cataluña y como propone Unidas Podemos, no es una buena idea porque lo que provoca es una reducción de la oferta de viviendas en alquiler disponible y provoca el deterioro de los inmuebles con viviendas en alquiler, por lo que apuestan en su lugar por ampliar la oferta de viviendas y por proteger a los propietarios.
"Se debe dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer la oferta de vivienda de alquiler. No parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles. Del mismo modo, es conveniente mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler", advierten.
La institución dirigida por Pablo Hernández de Cos reconoce que las rentas por alquileres "han experimentado a lo largo de la fase de recuperación un aumento muy pronunciado, hasta alcanzar niveles que se sitúan significativamente por encima de los observados en el ciclo expansión anterior", sobre todo en zonas como Madrid, las comunidades del arco mediterráneo y los dos archipiélagos.
En esas zonas las condiciones de acceso al mercado de vivienda en alquiler han experimentado un endurecimiento, agravado por la excesiva rotación laboral y el desempleo, por lo que los más afectados han sido los jóvenes.
"Los jóvenes, los colectivos con menor formación y las personas de nacionalidad extranjera que viven en las ciudades que más crecimiento de población han experimentado son los más afectados", apuntan.
Pendientes de las nuevas medidas
El pasado 1 de marzo el Gobierno aprobó un segundo Real Decreto-Ley sobre medidas urgentes del alquiler, después de que su primer intento lo boicoteara Unidas Podemos por no incluir la posibilidad de limitar los precios, en el que aprobó que los alquileres subirían de acuerdo al IPC y amplió los plazos de prórroga y el periodo de preaviso, aunque no incluyó la fijación de precios como pedía la formación de Pablo Iglesias.
Sí planteó la elaboración de un índice de precios que "podrían utilizar las comunidades autónomas para hacer política fiscal dentro de su competencia", con lo que delegó la responsabilidad en las Comunidades.
El Gobierno tenía previsto trabajar en una nueva Ley de Vivienda, una labor que se entiende que retomará en la próxima legislatura y en la que abordará distintas iniciativas para ampliar la oferta de viviendas en alquiler.
El Real Decreto-Ley dio el mandato al nuevo Gobierno de presentar en un plazo de ocho meses un programa para incentivar la oferta de viviendas en alquiler asequible.
