El Banco de España defiende que es necesario mantener la reforma laboral que aprobó el Gobierno del Partido Popular (PP) en 2012 porque aporta a las empresas la flexibilidad que necesitan para enfrentarse a situaciones adversas sin recurrir al despido, mediante reducciones de jornada, bajadas de sueldos o Expedientes de Regulación de Empleo.
Resultaría "conveniente mantener aquellos elementos del actual marco jurídico del mercado laboral que se han mostrado más eficaces para facilitar que los ajustes ante perturbaciones adversas se concentren en mayor medida en los costes laborales y, por consiguiente, tengan una menor incidencia negativa sobre el empleo", señala la institución que dirige Pablo Hernández de Cos en su informe anual, publicado este martes en su página web.
"Las medidas incluidas en la reforma laboral aprobada en 2012 ampliaron el conjunto de instrumentos internos de flexibilidad tanto salarial como no salarial en el seno de las empresas", explica el Banco de España, que recuerda que en 2012 y 2013 se observó "un mayor ajuste salarial a la baja que el esperado porque las empresas en dificultades utilizaron ampliamente las diferentes medidas de flexibilidad aprobadas, incluida la modificación unilateral de las condiciones laborales, lo que favoreció un aumento de la sensibilidad de los salarios a las condiciones económicas".
Esta declaración se produce en plena polémica sobre el futuro de la actual legislación laboral, protagonizada por las posiciones enfrentadas de los sindicatos y la patronal, y por la indecisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Las medidas de la reforma laboral de 2012 ampliaron los instrumentos internos de flexibilidad de las empresas"
Los representantes de los trabajadores piden la derogación inmediata de algunos aspectos que consideran lesivos de la reforma laboral del PP, como la ultraactividad o la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, que permite precisamente a las empresas adecuarse a su propio convenio en caso de que que lo consideren necesario.
La CEOE, por el contrario, pide ir más allá en la reforma laboral, quiere que se simplifique el número de contratos a tres y se unifique la indemnización por despido de contratos temporales e indefinidos a 20 días laborales por día trabajado, lo que abarataría el despido de contratados indefinidos y mejoraría las condiciones de los temporales.
El Gobierno, en medio de esta encrucijada, se había mostrado dispuesto a derogar algunas partes de la reforma laboral pero no llegó a plantearlo antes de que terminara la anterior legislatura y ahora ha cambiado de discurso y se decanta por diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una tarea que llevará mucho más tiempo y que no convence a los agentes sociales.
Apoyan las peticiones de la patronal
"Resulta necesario reducir, en la media de lo posible, el alto grado de disparidad en cuanto al nivel de protección contractual de los trabajadores con contratos fijos en relación con los empleados temporales, sin introducir elementos que desincentiven la contratación indefinida", pide el Banco de España en lo que parece una defensa de las reivindicaciones de la CEOE.
El Banco de España considera que la "excesiva utilización de la contratación temporal es otra disfuncionalidad grave del mercado laboral español", ya que el 90% de los 22 millones de contratos que se firmaron en 2018 fueron temporales.
Para reducir esa temporalidad consideran que el Gobierno debe aprobar nuevos incentivos para la contratación indefinida pero manteniendo la flexibilidad para que las empresas ajusten sus costes laborales libremente.
"La reducción de la ratio de temporalidad en España hasta niveles comparables con otros países europeos requeriría nuevas medidas regulatorias que incrementen el atractivo para las empresas de la contratación indefinida, a la vez que aseguran la flexibilidad necesaria para ajustar los costes laborales ante perturbaciones negativas y evitaran así una excesiva destrucción de empleo en las fases recesivas", afirman.
El Banco de España defiende también que la reforma laboral del PP permitió una mejora de la competividad, porque se moderaron los costes laborales y permitió la obtención de superávit exteriores.
Satisfechos con el contrato de formación
Creen además que sería "deseable" mantener los contratos de formación, "con la mayor flexibilidad posible para jóvenes y empresas" y apuestan también por dedicar recursos al rediseño de la formación profesional.
También ven necesario dirigir las bonificaciones a la contratación a aquellos colectivos de mayor edad y con poca formación, y analizar su efectividad para cambiar lo que no funciona.
