El Banco de España alertó de la elevada complejidad de las acciones preferentes en noviembre de 2009. En una publicación del órgano supervisor, se afirma que incluso los inversores más sofisticados han de recurrir a las agencias de rating para poder valorar estos productos financieros.
“Al igual que ha ocurrido con otras innovaciones financieras, la complejidad y la falta de homogeneidad de estos productos [los híbridos a caballo entre acciones y deuda, entre ellos las preferentes] dificultan su valoración y explican su escasa liquidez en mercados organizados”, reza el documento incluido en la Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España. Es más, “las características distintivas de estos instrumentos (riesgo de extensión del plazo, riesgo de diferimiento en el pago de cupón, riesgo de subordinación, etc.) hacen que sea difícil adaptar los modelos de valoración de deuda a este tipo de productos, por lo que, a la hora de valorar el riesgo, los inversores (incluso aquellos más sofisticados) han descansado en la valoraciones que sobre cada instrumento hacían las agencias de rating”.
Pese a estas consideraciones, estos títulos preferentes fueron comercializados masivamente entre particulares casi como si fuesen depósitos desde 2007 hasta 2011, sobre todo porque reforzaban el capital de las entidades bancarias sin diluir el valor de sus accionistas. Y eso que desde la entrada de la regulación MiFID alrededor de 2007, los gestores tenían la obligación de informar sobre los peligros de cualquier inversión.
El escrito se titula ‘Los instrumentos híbridos en los recursos propios de las entidades financieras: naturaleza y cambios tras la crisis financiera’. Éste refleja la opinión de sus autores y no necesariamente la del Banco de España. Sin embargo, el supervisor siempre revisa con mucho cuidado todos los trabajos de su Servicio de Estudios, nunca permite que un artículo vaya en contra de su doctrina oficial y, en cualquier caso, recoge una opinión ampliamente generalizada en la comunidad inversora.
Esta publicación es una referencia en el sector financiero y, por ello, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y su entonces vicepresidente, Fernando Restoy, debían estar al tanto de estas conclusiones. Sin embargo, emitieron unos informes que chocaban frontalmente con estas tesis y autorizaron sus colocaciones. Sólo recientemente, Segura ha reconocido ligeros problemas a la hora de comercializarlos.
En el caso de Restoy, fuentes del sector financiero señalan que es todavía más grave, pues ahora ocupa el cargo de subgobernador del Banco de España y, por lo tanto, se encuentra cautivo de sus acciones pasadas y tiene todos los incentivos para procurar que estos títulos se abonen.
Las acciones preferentes no son ni preferentes ni acciones. Más bien representan una suerte de deuda casi perpetua que abona un cupón; carecen de voto en las juntas y son tan poco líquidas que resultan muy difíciles de vender. Los minoristas sólo pueden recuperar el dinero cuando la entidad decida convertirlas. Y si ésta entra en pérdidas, no suele retribuir el interés. Para colmo, después de los accionistas, los preferentes serían los primeros en asumir pérdidas en caso de impago. Es decir, sufren todos los inconvenientes de las acciones y los bonos pero carecen de sus ventajas.
El rescate bancario además puede empeorar el problema, porque los alemanes y Bruselas querrán controlar los desembolsos y por tanto que primero los accionistas, luego los tenedores de preferentes y, finalmente, los bonistas asuman pérdidas.
Y si el Gobierno intenta que estos títulos se rembolsen, entonces se enfrentará a todas las demandas de los acreedores, quienes reclamarán que antes han de asumir las pérdidas los tenedores de preferentes tal y como determina la ley.
Por si fuera poco, el texto también deja en evidencia la labor del Banco de España, encargado de la estabilidad financiera y bajo cuya supervisión se multiplicaron las preferentes: “Estos instrumentos tienen un grado de complejidad que no solo dificulta la valoración del producto por parte de los inversores, sino que, además, al combinar características del capital y de los fondos ajenos, hace que sea complicado valorar el riesgo de liquidación de la empresa, dificultando la valoración del resto de instrumentos de financiación. En el caso del sector financiero esto puede llevar a errores en las valoraciones con consecuencias tanto en la solvencia de las entidades individuales como en la estabilidad financiera del sistema”.
