El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a Bankia que le envíe una quincena de operaciones "irregulares" que denunció la Fiscalía, algunas de ellas relacionadas con créditos a empresas de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y otras "de cualquier índole" sobre las que tenga esa sospecha.
En un auto, el magistrado traslada a la entidad bancaria la petición de abundante información por parte de los dos peritos del Banco de España designados para realizar la pericial, con un plazo de un mes. Andreu recuerda que estas diligencias están encaminadas a "preparar el juicio oral" y "para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas sus circunstancias que pueden influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes".
Así, el juez pide que identifique las "operaciones u operativa, de cualquier tipo, con indicios de actuaciones irregulares detectadas por el grupo", así como toda la documentación existente sobre las mismas y las comunicaciones que elevó a organismos supervisores. También quiere informes internos, incluidos los de auditoría interna y cumplimiento normativo, y otros realizados por asesores externos, y las actas de los órganos colegiados competentes donde se tomara alguna decisión al respecto, además de las operaciones que denunció el verano pasado ante la Fiscalía Anticorrupción u otros organismos supervisores o fiscalizadores.
Operaciones irregulares
Bankia puso en manos del Ministerio Público una quincena de operaciones "irregulares" que, según fuentes jurídicas, eran básicamente de Bancaja, y algunas de ellas estaban relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas de la familia de Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.
Por otra parte, el juez alude a una factura de Lazard a Bankia por importe de 1,5 millones fechada el 20 de febrero de 2012 en concepto "Honorarios de éxito por servicios prestados, según el acuerdo firmado el 6 de febrero de 2012", sobre la que la entidad aportó dos informes basados en "información pública no verificada" titulados "Consideraciones sobre políticas de dividendos" de octubre y noviembre de 2011. Andreu solicita más información sobre dichos informes y el periodo que abarcaron los servicios, ya que el acuerdo dice que se prolongaron durante 8 meses desde julio de 2011 hasta febrero de 2012, si bien el comité de riesgos de Bankia lo aprobó en diciembre de 2011 para un periodo de 5 meses.
El magistrado pide a la entidad que detalle la revisión de la información disponible sobre determinadas carteras y riesgos, que provocaron un ajuste de 1.859 millones en las cuentas que se reformularon en mayo de 2012, que arrojaron unas pérdidas de 2.979 millones frente a los beneficios de 309 millones que reflejaron en marzo de ese año. En concreto, reclama el inventario a 31 de diciembre de 2011 de los riesgos refinanciados y los normales reclasificados a subestándar del sector inmobiliario en ajuste de la reformulación de mayo de los estados consolidados de Bankia, petición que hace extensible a los riesgos hipotecarios minoristas
Asimismo, solicita las órdenes de compra realizadas por inversores institucionales de la Oferta Pública de Suscripción de Bankia y el detalle de la venta de aquellos que vendieron antes del 31 de julio de 2012, así como el detalle del cálculo de la plusvalía de las acciones propias enajenadas que, según el informe de Gobierno Corporativo de Bankia de 2011, ascendió a 677,16 millones de euros.
