El Gobierno se ha comprometido con Unidos Podemos a vincular por ley la revalorización de las pensiones al IPC real, una medida que asegura el poder adquisitivo de los pensionistas pero que puede tener efectos devastadores en las cuentas del sistema. Por eso, el Servicio de Estudios de BBVA (BBVA Research) cree que habrá que tomar otras medidas para compensar el aumento del gasto y asegurar la sostenibilidad, como reducir las pensiones iniciales de los pensionistas y seguir alargando la edad de jubilación.
Y es que revalorizar las pensiones en función del IPC tiene un coste elevado, sobre todo si tenemos en cuenta que la tasa de dependencia, que mide el porcentaje de personas mayores de 65 años en función de la población activa, no va a hacer más que aumentar en las próximas décadas, así que cada vez habrá más jubilados y, por tanto, el coste será cada vez mayor. En 2018, por ejemplo, el Gobierno ha destinado unos 3.000 millones a las pensiones, a los que habrá que sumar el coste de la compensación por el desvío de precios.
El problema es que estos 3.000 millones se consolidarán en el gasto del sistema, que crecerá de forma exponencial en los próximos años si no se toman medidas para compensarlo. De ahí que el responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Domenech, haya aprovechado la presentación de la última edición de la revista 'Situación España' para mandar un mensaje claro al Gobierno: habrá que recortar por otro lado para asegurar la sostenibilidad.
Y es que el problema que se avecina no es moco de pavo. El propio Doménech dijo ya antes del verano que subir las pensiones en línea con el IPC en 2018 y 2019 podría generar un coste para el sistema de 40.000 millones a largo plazo. Si subirlas solo dos años puede generar ese volumen de gasto, es evidente que volver al IPC de forma definitiva puede ser simplemente insostenible si no se toman otras medidas compensatorias.
Mecanismos automáticos
Y, para Domenech, el mejor camino pasa por diseñar mecanismos de ajuste automáticos que sigan retrasando la edad de jubilación y que contengan las pensiones iniciales para ir reduciendo poco a poco la ratio de pensión media sobre el salario medio. Eso significa que las pensiones podrán seguir subiendo, pero necesariamente tendrán que hacerlo menos que el salario medio.
Una de las opciones que el BBVA siempre pone sobre la mesa es la implantación de un sistema de cuentas nocionales en España, un sistema de contribución definida que se aplica en países como Suecia o Italia. Se mantiene el sistema de reparto y progresivo y podrían blindarse las pensiones mínimas. Según la entidad, este sistema sería más transparente y sencillo.
Además, ayudaría a que los ciudadanos pudieran tomar mejores decisiones sobre su carrera laboral, formación continua, momento de jubilación y, sobre todo, ahorro. En un sistema así no es necesario fijar una edad legal de jubilación (67 años tras la última reforma), sino que cada trabajador decidiría cuando hacerlo asumiendo que cuanto menos trabaje, menos pensión percibirá.
El gasto en pensiones tocará un nuevo máximo en 2019 tras subir entre 3.500 y 4.000 millones
Lo cierto es que algo hay que hacer para asegurar el sistema de pensiones. Solo en 2019 el gasto en pensiones, que suele llevarse ya cuatro de cada diez euros de la partida total del Presupuesto, aumentará entre 3.500 y 4.000 millones por la subida del 1,6% que pactó el PP con PNV antes de la moción de censura, la mejora de la base reguladora de las pensiones de viudedad, la subida del 3% de las mínimas y la compensación por si el 1,6% se queda corto en comparación con los precios.
Es probable que las autoridades comunitarias vean con muy malos ojos estas cifras. Estaban contentos con las reformas que había planteado España en 2011 y 2013, que aseguraban la contención del gasto del sistema. Pero hoy la reforma de 2013 ya es historia. La vuelta al IPC, con o sin matices, es prácticamente un hecho.
