Mientras los Estados siguen enfrascados en el diseño de la denominada 'desescalada', una sentencia del Tribunal Constitucional alemán ha hecho temblar esta semana los cimientos de las instituciones comunitarias, de las que en buena medida dependerá el futuro económico posterior al coronavirus. El alto tribunal germano ha abierto una crisis institucional que ha llevado incluso a pronunciarse al propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el máximo intérprete del derecho comunitario.
En 2018, dictaminó que la política de compra de bonos en el mercado secundario por parte del Banco Central Europeo (BCE) durante la anterior crisis económica se ajustaba al ordenamiento europeo. Pero los jueces alemanes concluyen que el organismo podría haber invadido competencias y han dado tres meses para que la UE aclare si la compra fue proporcional a los objetivos que se buscaban.
De momento, la institución que dirige Christine Lagarde mantiene el rumbo fijado para intentar salvar a la economía europea del envite de la pandemia y mantener la estabilidad de la zona euro. Al margen de repercusiones económicas que exponía este viernes en Vozpópuli Enrique Feás, muchos miran con preocupación un pronunciamiento que abre una vía de agua en un momento crítico para la integración europea, donde los euroescépticos pueden encontrar un nuevo asidero para cuestionar el proyecto de la UE. Todos los expertos señalan a los gobiernos de Polonia y Hungría, que mantienen pulsos abiertos con la justicia comunitaria.
"La sentencia llega en un momento muy delicado porque uno de los elementos fundamentales hasta ahora de la respuesta de la UE a la crisis del coronavirus ha sido poner en marcha a través del BCE un programa de compra similar al de la anterior crisis, cuando Mario Draghi dijo aquello de 'haremos todo lo que sea necesario'. Aunque la sentencia se refería a lo que había ocurrido antes, proyecta su sombra sobre la situación actual", opina Luis Norberto González, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca.
Para José Ángel López, profesor de Derecho Internacional de la universidad Comillas-ICADE, el pronunciamiento de los altos jueces alemanes "sienta un precedente peligroso, porque por primera vez, de una forma tan sonora, un Tribunal Constitucional de un Estado no menor se atreve a cuestionar al TJUE". "A partir de ahora, qué pueden plantear tribunales constitucionales de Estados escasamente protectores de los principios y valores fundamentales de la UE, como Polonia y Hungría", se pregunta. "Puede darles alas y abrir la espita del cuestionamiento generalizado en otros ámbitos", avisa. No en vano, parte de los demandantes ante el Constitucional alemán están vinculados al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania.
Javier Tajadura, profesor de derecho constitucional en la Universidad del País Vasco, también lo ve como "un precedente nefasto". "Va contra el principio del estado de derecho de la Unión Europea y si el Tribunal Constitucional Alemán puede hacerlo, el de Polonia puede decir que también quiere hacerlo porque no es menos que el otro", remarca. "El mayor peligro es que anime a otros órganos. Y al Constitucional alemán podemos criticarlo, pero no dudamos de la independencia de sus magistrados. Pero otros tribunales más controlados por los Gobiernos podrían actuar como correa de transmisión de sus respectivos Ejecutivos euroescépticos", alerta.
Aunque cree que no tendrá un efecto práctico inmediato, ve la sentencia como "una locura absoluta". "El BCE se construyó, a imagen y semejanza del Banco Central Alemán, como un banco absolutamente independiente que solamente está vinculado a los fines de garantizar la estabilidad monetaria. Es el propio Tratado el que da al Banco Central Europeo esas competencias", remata.
El control al BCE
"El BCE se ha visto obligado, como consecuencia de las deficiencias de la arquitectura jurídica de la unión monetaria, a adoptar decisiones heterodoxas que están en el límite de su capacidad de actuación. Es ahí donde el TC alemán considera que puede entrar a analizar esta cuestión" apostilla González. Pero "no cabe la posibilidad de que un tribunal nacional, por muy importante que sea, controle a la luz de la constitución alemana la actuación de una institución de la UE", añade. En su opinión, esta vez los jueces alemanes "han ido un poco más allá que en otros supuestos anteriores en los que se ha planteado un conflicto de estas características".
Pero no todos los expertos ven tan claro que la sentencia suponga un revés al tribunal de Luxemburgo. "El Tribunal de la Unión Europea hizo la evaluación de la proporcionalidad a nivel global, no teniendo exclusivamente en cuenta los intereses de los ahorradores alemanes. Y el TC de Alemania dice que esa respuesta no le sirve del todo para garantizar la situación de sus nacionales", explica el catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense, Rafael Calduch.
"No está diciendo que por pedir información adicional se esté haciendo mal. Sólo quiere tener mayores garantías", añade. "¿Le enmienda la plana? Lo que dice es que lo que dice el TJUE no lo aplica automáticamente. No es que exista una desautorización. La parte fundamental que planteaban los demandantes es que el BCE se estaba extralimitando porque estaba haciendo de banquero de los países ruinosos dándoles financiación sin límite. Y ahí no les da la razón", remata.
Para Julio Guinea, profesor en la Universidad Europea de Madrid, lo que hace el Tribunal alemán "es mirar celosamente por sus competencias fiscales y que el programa (de compra) no haya invadido dichas competencias" pero "no entra a valorar el fondo del asunto". "El tribunal alemán dice que el BCE tiene que dar explicaciones, que tiene que responder con más argumentos. Y no hay que dramatizarlo. Es un elemento más en la tensión entre los estados -que vigilan de manera muy celosa sus competencias- y la organización que hoy no es un estado federal, pero que a través de distintas herramientas que se salen de la ortodoxia de los tratados", concluye.
