La auditora BDO ha presentado en su newsletter correspondiente a mayo un artículo titulado “Entre la espada y el modelo 720” en el que ataca con cierta dureza al Gobierno por la obligación establecida de declarar los bienes en el extranjero, a pesar de haber sido regularizados. Esta obligatoriedad acaba de entrar en vigor este mes.
“El legislador hace recaer parte de esa labor de investigación en el propio contribuyente, convirtiéndole en confidente y sospechoso de su propia conducta”, afirman sin titubeos desde la entidad, la quinta mayor en España por cifra de negocio, sólo por debajo de las conocidas como ‘big four’: Deloitte, Ernst & Young, PWC y KPMG.
“Las libertades de circulación que conforman los pilares de la Unión Europea no le sientan muy bien a la Administración Tributaria en su encomiable labor recaudador”, denuncian. En este sentido, es cierto que las sanciones a quienes cometan errores al declarar su patrimonio expatriado serán altísimas y son, en realidad, una velada invitación a repatriar.
La amnistía fiscal ha sido una medida controvertida por parte del Gobierno. De hecho, Cristóbal Montoro, promotor de la medida, se ha cuidado mucho en pronunciar esa expresión, tildándola de mecanismo especial de regularización.
Aunque desde la oposición han cometido el dislate de llegar a decir que se aprobó para favorecer a Luis Bárcenas, lo cierto es que llegó por los mismos motivos de siempre: un Gobierno necesitado de recaudar y unos contribuyentes que, por la razón que sea, precisan recuperar su dinero evadido. (En este caso, por la crisis). El PSOE aprobó dos hace algunas legisltaturas.
Sin tiempo
La necesidad del Ejecutivo es la que provoca que se deba abrir esta ventana de entrada a los evasores, ya que no tiene tiempo para implementar los procedimientos para localizarles y sancionarles.
Sin embargo, en este caso, el Gobierno se apresuró a anunciarla y aprobarla sin que su desarrollo normativo estuviera claro. Así, se ha recaudado la mitad de lo previsto, aunque han aflorado rentas por importes muy elevados. Seguramente, muy por encima de lo que desde el Gobierno se ha dicho en primeras estimaciones.
Pero las críticas a la escasa recaudación cada vez suenan más. Los ingresos han sido relativamente modestos porque los evasores sufrían minusvalías de cartera en su gran mayoría. En este sentido, varias voces han dejado caer que la amnistía debía haber recogido algún tipo de peaje que dejara ingresos para el estado en cualquier caso.
Ahora, llegan nuevas críticas casi de orden ideológico por esta nueva presión hacia el contribuyente. Desde luego, mantener el dinero fuera de España es cada vez más dificil.
