Nueve de los 25 bancos suspensos en los pasados test de estrés del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) tienen matrícula italiana. Un problema de solvencia que sigue preocupando a las autoridades europeas. De hecho, la información requerida por la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, para determinar si la capitalización de los créditos fiscales diferidos lograda por las bancas española, griega, portuguesa e italiana son ayudas de estado ilegales, es otro paso adicional para forzar una reestructuración del sistema financiero italiano.
"Desde Europa se está empujando a un proceso de concentración y capitalización de la banca italiana", sostienen fuentes conocedoras del proceso. Los mensajes, tanto de Bruselas como del BCE, se vienen efectuando desde que se conocieron los resultados de las últimas pruebas europeas, a finales del pasado octubre, confirman otras fuentes. "El BCE no para de solicitar a las entidades que refuercen su solvencia y la situación en Italia es complicada", esgrimen estas mismas fuentes.
De hecho, la debilidad que mostró la banca italiana en la foto de las pruebas de esfuerzo europeas no ha hecho más que acrecentar los rumores sobre el inicio de compras por parte de bancos extranjero de las entidades transalpinas más castigadas. Entre los nueve italianos suspendidos en los exámenes del BCE y la EBA, Monte dei Paschi, el banco más antiguo del mundo, presentó un déficit de capital de 2.110 millones. La sacudida en Roma, el día que se conocieron los resultados, fue de tal calibre que el Banco de Italia puso en duda las cifras de recapitalización requeridas, en una actitud que —de nuevo— recuerda a la del Banco de España tras alguna de las pruebas de esfuerzo a las que fue sometida la banca española en los primeros años de la crisis.
Las pruebas descubrieron unas necesidades netas de capital (aquellas que aparecen tras restarles todas las palancas posibles de solvencia) de 810 millones en la Banca Carige; 220 millones en la Banca Popolare di Venezia; 170 millones, a la Banca Popolare di Milano. El déficit bruto de capital, aquel que cifraba el ratio de solvencia sin las medidas correctoras efectuadas por las entidades a lo largo de 2014, arrojaban unas necesidades de capital para la banca italiana de 9.681 millones.
Una cifra que se incrementaría en caso de que Bruselas decidiese que los DTA convertidos en capital mediante un aval son una ayuda de Estado ilegal. A diferencia de lo que sucede con la banca española, que monetizó 40.000 millones de los cerca de 70.000 millones de activos fiscales diferidos que contenían sus balances a finales de 2013, las entidades italianas ya han consumido la mayor parte de sus DTA.
En el caso español, las entidades tienen en concreto 18 años para aprovechar estas ventajas fiscales que desparecerían una vez vencido este plazo. La solución aportada por el Gobierno español fue avalar con deuda pública estos créditos fiscales para que sean monetarizados como deuda pública si la banca no consigue aprovecharlos antes del plazo. Hay que tener en cuenta, además, que el valor de los créditos fiscales es nulo en caso de quiebra de la entidad, si bien con la nueva regulación sería España quien hiciera frente a la aportación del montante necesario.
¿Qué son los DTA?
Los créditos fiscales son derechos a pagar menos impuestos sobre los beneficios futuros generados por las entidades por pérdidas pasadas o provisiones especiales, como las que se hacen para cubrir el deterioro de los inmuebles, que no pueden deducirse hasta su desembolso.
Como solo pueden aprovecharlos aquellas entidades que en los años siguientes a generarlos logren beneficios suficientes como para reducírselos todos del pago de los impuestos consecuentes, la nueva normativa financiera Basilea III dejaba estos derechos fuera del cómputo de capital.
Fuentes del Ministerio de Economía español niegan que las garantías concedidas a la banca sobre sus activos fiscales sean ayudas públicas ilegales y recuerdan que cualquier empresa, y no solo los bancos, puede usar estas garantías. Por su diseño, sin embargo, los bancos son los grandes beneficiados, ya que los supuestos que cubren afectan sobre todo a entidades financieras.
Incertidumbre ante la información requerida por Bruselas
La información solicitada por Bruselas a los gobiernos de España, Italia, Grecia y Portugal generó mucha incertidumbre dentro del sector financiero nacional, ante una medida de la que se desconoce cuál puede ser deriva final. Algunas fuentes sostienen que si la Unión Europea considera ilegales el asunto de los activos fiscales, la medida tendría un primer efecto sobre las cuentas públicas al tenerse que apuntar como déficit en las cuentas de 2013 los 40.800 millones avalados por el Estado.
En cuanto a las entidades, se desconoce si éstas tendrían que restar de sus ratios de solvencia el capital logrado con los DTA o tendrían éstos se convertirían en ayudas de Estado y, como tal, se verían obligados a realizar algún tipo de medida de reestructuración como ha exigido Bruselas a las entidades que recibieron fondos públicos.
Bankia, Sabadell y Liberbank serían las entidades más perjudicadas en caso de que Bruselas obligase a restar el capital aportado por los DTA, quedándose por debajo de los ratios mínimos de solvencia exigidos. De ser así, contabilizarían las plusvalías latentes de sus carteras de renta fija, que actualmente no se computan en las cifras de capital de máxima calidad (CET 1) fully loaded que presentan las entidades, para compensar este déficit. En caso de ser necesario más capital, tendrían que acudir al mercado para captarlo.
La medida benefició especialmente al grupo BFA-Bankia, que conservó unos 7.000 millones (unos 5.200 de Bankia); Santander, con 5.400 millones; CaixaBank, con unos 5.000 millones; Sabadell, con 4.800 millones; BBVA, con 4.400 millones, entre otros.
En el sector se descarta que la información solicitada desde Bruselas acaba castigando la solvencia de las entidades españolas. "Hace poco más de un año, la Unión Europea dio el visto bueno a los planes de recapitalización, que contemplan el uso de los activos fiscales diferidos. No sería lógico que ahora tomarán una decisión en contrario", asumían este martes desde varias entidades.
