Bruselas ofreció dos años más a España para salir del procedimiento de déficit excesivo tras el fuerte desvío de 2015, pero el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, solo aceptó uno. ¿La razón? Para no restar más credibilidad al Gobierno a menos de dos meses de las elecciones del 26 de junio y evidenciar el fallo del Ejecutivo en la que siempre ha sido una de sus grandes banderas: el control de las cuentas públicas.
Aunque la decisión aún no está tomada, la prórroga es prácticamente un hecho. Y será la cuarta vez desde 2009 que Bruselas suaviza el ajuste español para dejar el déficit por debajo del 3%. Este objetivo estaba previsto inicialmente para el año 2012, se alargó a 2013, luego a 2014 y finalmente a 2016. Y ahora habrá que prorrogarlo una vez más tras el cierre del déficit el año pasado en el 5%, ocho décimas por encima de lo previsto.
Según los cálculos de Bruselas, España dejará el déficit en el 3,9% del PIB este año y en el 3,1% el siguiente, por lo que no conseguirá alcanzar el 3% hasta 2018 y necesitará, al menos, dos años más para salir del procedimiento de déficit excesivo. Por eso ofreció a Guindos alargar dos años más la senda del ajuste para evitar nuevas sorpresas este año y más prórrogas en el futuro.
El ministro ha preferido limitar el impacto en la credibilidad del Gobierno ahora que se van a celebrar nuevas elecciones
Pero a Guindos dos años le parecen mucho. El ministro ha preferido pedir solo un año extra a la Comisión para no dañar aún más al Gobierno, ya que las elecciones están a la vuelta de la esquina y el tema del déficit es muy sensible tras los esfuerzos pedidos a los ciudadanos a lo largo de estos años. Además, cualquier desvío en 2016 será responsabilidad del nuevo gobierno que se forme tras el 26 de junio.
En cualquier caso, este miércoles la Comisión tendrá que emitir un dictamen sobre el déficit de 2015 y previsiblemente será negativo. A partir de ese dictamen decidirá si propone o no una sanción al Ecofin, aunque el Gobierno está negociando intensamente para evitar la multa, que sería la primera a un país de la UE por no cumplir el objetivo de déficit.
La carta de Rajoy
De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió una carta la semana pasada al jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para pedirle que tuviera en cuenta la situación política en España y que intentara evitar la sanción por incumplir las metas fiscales, ofreciendo a cambio un esfuerzo adicional con la consolidación de los últimos ajustes de gasto del Estado y las comunidades autónomas en 2017.
Bruselas aún no ha tomado una decisión. Una parte de la Comisión quiere demostrar firmeza en la aplicación del Pacto de Estabilidad y no permitir que un país que ha crecido por encima del 3% no cumpla las normas. Otra parte entiende que España ha hecho muchos esfuerzos y que una multa dañaría mucho al país en estos momentos. Además, otros países como Francia y Bélgica han conseguido esquivar situaciones similares en el pasado.
Con multa o sin ella, los ‘hombres de negro’ supervisarán las cuentas de España
Existe la posibilidad de que la Comisión se incline por una ‘multa cero’, una sanción simbólica que no conllevaría un esfuerzo económico para España, pero sí dañaría la credibilidad del Gobierno. En cualquier caso, si finalmente se impusiera una sanción económica, el Gobierno podría derivar al menos parte de la multa a las comunidades autónomas, tal y como dice la propia ley, por ser responsables del desfase.
[Pinche aquí para ver cómo funciona la Ley de Estabilidad en el caso de sanción por parte de las instituciones europeas]
Con multa o sin ella, el dictamen negativo de la Comisión hará que España entre automáticamente en un "procedimiento agravado” de déficit excesivo, también conocido como "step up", que implica una supervisión reforzada de las cuentas. Es decir, que los ‘hombres de negro’ vendrán a España cada tres meses para supervisar la corrección del déficit público.
