El Gobierno apura los plazos para tratar de sacar adelante en el Parlamento el Real Decreto Ley que reforma el sistema de la estiba portuaria y evitar así una costosa multa de la Comisión Europea por incumplir una sentencia comunitaria. Para lograr el objetivo, el Gobierno está dispuesto a destinar recursos públicos para facilitar la transición al nuevo sistema, aunque en este punto podría encontrarse con la oposición del propio Ejecutivo comunitario. Un mensaje que la comisaria de Transportes, Violeta Bluc, se ha encargado de transmitir en su visita a España, en la que ha tenido oportunidad de conocer, de primera mano, el estado de la cuestión.
Para que el Gobierno de Mariano Rajoy obtenga el apoyo parlamentario que necesita para convalidar el Real Decreto es necesario que salga adelante la negociación que mantienen abierta la patronal de empresas estibadoras (Anesco) con los sindicatos, una de cuyas principales reivindicaciones es que las compañías se comprometan a subrogarse los trabajadores que hasta ahora dependen de las Sagep.
Una exigencia que las empresas rechazan, toda vez que su aceptación haría que la posibilidad de acudir al mercado libre en busca de trabajadores con sueldos más competitivos (una puerta que abre el Real Decreto) les resultara mucho más cara al tener que asumir los pasivos laborales de los trabajadores.
De ahí que el Ejecutivo haya puesto encima de la mesa la posibilidad de que las empresas estibadoras cuenten con un apoyo económico del Ministerio de Empleo, con el fin de que la aceptación de las reivindicaciones de los sindicatos no les resulte tan perjudicial desde el punto de vista económico. Sin embargo, el Gobierno podría toparse con un nuevo problema en el camino de la posible solución: la consideración de esta medida como una ayuda de Estado ilegal por parte de Bruselas.
La lupa de la Comisión
La Comisión Europea está siguiendo muy de cerca el proceso de liberalización de la estiba en España, toda vez que su origen es una sentencia del Tribunal de Justicia comunitario dictada en diciembre de 2014 y que el Reino de España aún no ha ejecutado. Este retraso motivó una nueva denuncia de Bruselas cuya resolución está a punto de ser fallada y que abocaría al Estado al pago de una sanción cercana a los 22 millones de euros, más 134.000 euros diarios hasta que entrara en vigor la reforma del sistema.
Precisamente, el Real Decreto que el Gobierno español logró consensuar con Bruselas incluye que las autoridades portuarias asuman los pasivos laborales de los trabajadores hasta la fecha de la sentencia en el caso de que las empresas estibadoras decidieran prescindir de ellos. Un punto en el que el Ejecutivo tuvo que negociar con la Comisión Europea para evitar que fuera considerado como ayuda pública ilegal.
Ahora se plantea una cuestión diferente, que también debería ser negociada con Bruselas para evitar problemas a la hora de abordar la reforma de la estiba. El Ejecutivo es conocedor de esta circunstancia, pese a lo cual parece dispuesto a seguir adelante con la propuesta.
Un acuerdo que desbloquee el Decreto
En estos días, su principal objetivo es sacar adelante el Decreto, que debería haberse sometido a convalidación este jueves, aunque el trámite se ha retrasado una semana debido a que no cuenta con el apoyo del Parlamento. Un apoyo que tratará de encontrar en los próximos días, para lo que sería fundamental el acuerdo entre patronal y sindicatos.
En este sentido, como informó Vozpópuli, el Gobierno ha instado a las empresas estibadoras a que hagan un esfuerzo para que ese acuerdo con los trabajadores sea una realidad, lo que permitiría desbloquear la convalidación del Decreto y evitar la multa.
