El Gobierno ha adoptado varias medidas para controlar los precios energéticos, entre ellas las ayudas a los carburantes, la rebaja fiscal a la luz o el tope al precio del gas (esta última, pendiente del aval definitivo de Bruselas). De hecho, baraja extender las dos primeras más allá del 30 de junio si fuera necesario, con el fin de lograr una "desaceleración significativa" de la inflación en la segunda mitad del año, como prevé en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas a finales de abril.
Sin embargo, estas podrían ser insuficientes en caso de que se produzcan efectos de segunda ronda, con subidas salariales más acordes al repunte de precios. La Comisión Europea (CE) advierte al Gobierno de este riesgo en el paquete de primavera del Semestre Europeo, publicado este lunes.
"Las medidas gubernamentales priorizan la contención de los precios minoristas de la energía y el apoyo a los hogares vulnerables, pero pueden no ser suficientes para contener los riesgos negativos de segunda ronda", señala Bruselas en el informe sobre España. Estos se producen cuando los trabajadores demandan salarios más altos para mantener su poder adquisitivo y las empresas terminan subiendo precios, iniciándose una espiral salarios-precios.
El Ejecutivo comunitario explica que "la economía española es especialmente sensible al balance de riesgos dada su fuerte dependencia de la demanda y la oferta de la Unión Europea, el legado de la crisis del covid-19 (una de las más profundas de la UE) y los persistentes desequilibrios macroeconómicos".
"La inflación seguirá alta" todo el año
Bruselas espera que la inflación se modere "lentamente" durante el año, "ayudada por las medidas del Gobierno como los descuentos en el combustible y el tope en el precio del gas, aunque seguirá siendo alta" en 2022, matiza. De esta forma, la Comisión se muestra más cauta que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha descartado tajantemente una espiral inflacionista y apunta en todo momento a una desaceleración a partir de junio.
La CE reconoce en el informe que "el Gobierno ha reaccionado rápidamente para contener el aumento de los precios minoristas de la energía y brindar apoyo a los ingresos de los más afectados por los efectos económicos negativos, incluidos los hogares de bajos ingresos y las industrias electrointensivas", pero también destaca que "la transmisión a los precios de otros bienes y servicios se ha vuelto más evidente recientemente".
Por lo tanto, prevé que la inflación interanual alcance el 6,3% en 2022, frente al 3% de 2021, y que sea ya en 2023 cuando se produzca una mayor moderación de los precios de la energía, reduciendo la inflación anual al 1,8%. No ocurrirá los mismo con la inflación subyacente, menos volátil al excluir los precios de la energía y de productos frescos, que se mantendrá "relativamente alta durante el período de pronóstico", según la Comisión. Con todo, Bruselas espera que la moderación salarial ayude a contener los efectos de segunda ronda.
Sin un pacto de rentas formal
Sin embargo, los agentes sociales están cada vez más distanciados en el pacto de rentas. Tras romperse la mesa para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), CEOE defiende que no deben firmarse alzas por encima de 3,6% como la del SMI de este año. Los sindicatos, por su parte, reclaman subidas con cláusulas de revisión salarial que garanticen la revalorización conforme al IPC.
El Banco de España (BdE) ya ha alertado de que cerca de la mitad de los trabajadores que han firmado sus convenios para 2023 vincularán sus salarios al IPC a través de cláusulas de garantía, algo que consideran preocupante. El supervisor ha advertido que trabajadores y empresas deben seguir asumiendo parte de la crisis de precios porque, de no ser así, la inflación media podría crecer en 2,3 puntos. Es decir, que si se toma como escenario base la inflación media prevista por la Comisión, podría superar el 8%.
Asimismo, el BdE ha advertido que si esto no se cumple, la economía podría crecer un punto y medio menos entre 2022 y 2024. De momento, entre enero y abril se firmaron 119 convenios que incluían una subida salarial media del 2,10%. Esta cifra está muy alejada del Índice de Precios de Consumo (IPC), que creció un 8,4% en abril, pero aún hay cerca de 400.000 empresas que tienen que renovar sus convenios en los próximos meses con la inflación disparada.
MACMalayerba
Como se le ocurre a la comision EU, decirle a la ministra " Nadie" temas economicos "medidas insuficientes contra la inflacion" si ella esta en temas belicos , junto a sus socios y amigos del tiro en la nuca.