Llegó el día. La Comisión Europea tiene que 'mojarse' este miércoles y poner sobre el papel su propuesta de multa para España y Portugal por no haber tomado medidas efectivas el año pasado para reducir el déficit. También tendrá que dar a conocer el nuevo margen que dará a ambos países para salir del procedimiento de déficit excesivo y dejar el saldo por debajo del 3%. Salvo cambios de última hora, la Comisión se inclina finalmente por dar dos años más a España, lo que retrasa los ajustes y recortes a 2017 y 2018.
La propuesta de la Comisión tiene sentido si se tiene en cuenta que ya ha transcurrido la mitad de 2016 y que España sigue sin saber con certeza si evitará la convocatoria de unas terceras elecciones. Y, aunque finalmente se consiguiera formar gobierno durante el verano, el nuevo Ejecutivo tendría que centrarse en el diseño de las cuentas de 2017, así que este año puede darse prácticamente por perdido.
Parece que la Comisión ha tenido muy en cuenta el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que arroja unas estimaciones muy preocupantes sobre la evolución de las cuentas públicas. Según el organismo fiscalizador, el déficit puede irse incluso al 4,7% del PIB este año, más de un punto por encima del objetivo que fijó el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad el pasado mes de marzo (3,6%).
La Comisión entiende que el ajuste es de tal magnitud que es mejor hacerlo de forma más suave
Si la AIReF acierta, el Gobierno tendría que reducir el déficit 1,8 puntos para salir del procedimiento de déficit excesivo en 2017, lo que implicaría una reducción de más de 18.000 millones en un solo ejercicio. Por eso la Comisión es partidaria de dar dos años a España para cuadrar las cuentas. Y el ministro de Economía y Competitivdad, Luis de Guindos, que rechazó esta propuesta hace unos meses, ahora lo ve con mejores ojos, dada la débil situación de la recaudación.
A partir de esa nueva senda, el Gobierno tendrá que fijar nuevos objetivos de déficit para el Estado, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Casi todo el margen extra de Bruselas se repartirá entre el Estado y la Seguridad Social, las dos administraciones más tocadas por la evolución de la recaudación fiscal y las cotizaciones, lo que hace muy difícil que cumplan los objetivos que siguen vigentes (1,8% para el Estado y 1,1% para la Seguridad Social). Las comunidades, en cambio, están reconduciendo sus cuentas y pueden acabar el año cerca del 0,7%, el objetivo actual.
El nuevo margen del Estado resulta vital para el diseño de los Presupuestos de 2017 si finalmente se forma Gobierno, puesto que sirve para establecer el límite de gasto no financiero de las cuentas, el primer paso para elaborar el Presupuesto en el que el Ejecutivo, sea cual sea, tendrá que incluir la contrapartida que exija Bruselas. Previsiblemente la Comisión querrá medidas estructurales contra el déficit, es decir, ajustes permanentes y no parches que permitan cuadrar las cuentas un año sin evitar el desfase del año siguiente. También impondrá una supervisión reforzada de las cuentas.
Hay posturas diferentes sobre la multa, pero parece que nadie apuesta ya por una sanción de 2.000 millones
Además de la nueva senda, la Comisión tiene que decidir este miércoles si estrena las sanciones que contempla el Pacto de Estabilidad con España y Portugal. Nunca antes se han fijado este tipo de sanciones por no cumplir el déficit, a pesar de que los países miembros de la UE se han saltado 165 veces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en 114 ocasiones lo hicieron sin justificación alguna.
Las miembros de la UE siguen divididos respecto a este asunto, aunque sí parecen estar todos de acuerdo en que la multa no debe llegar al 0,2% del PIB, la cifra máxima que contempla el Pacto de Estabilidad. Una parte quiere evitar que se cree un precedente en el tema de las sanciones, pero el ala más dura de la Comisión quiere demostrar que las normas están para cumplirlas. La semana pasada cogió fuerza la idea de fijar una multa pequeña a España, de unos 200 millones, que no suponga un problema para sus cuentas, pero sí un pequeño castigo por no cumplir.
Luis Guindos sigue siendo optimista. Este fin de semana el ministro ha vuelto a decir que confía en que finalmente no haya multa o que la sanción sea solo simbólica. A su parecer, es "de sentido común" pensar que uno de los países que más medidas ha tomado para reducir el déficit y el que más crece de la zona euro conseguirá evitar el castigo.
Si finalmente hay multa, podría ser reembolsable, pero dañaría la imagen de España en un momento muy delicado
Si finalmente hay multa, es posible que sea reembolsable. O al menos eso esperan las autoridades españolas. Según el último reglamento sobre la supervisión presupuestaria de la zona euro, existen tres tipos de sanciones, dos de ellas recuperables, la otra no. Aunque a España le correspondería la sanción más grave, no está tan claro que vaya a ser así porque nunca antes se han activado este tipo de sanciones y porque la Comisión ha dejado claro en muchas ocasiones que no quiere castigar a España.
En los tres casos España sufriría el revés de tener que pagar la multa en un momento en el que los ingresos no evolucionan demasiado bien y cada euro debe destinarse a la reducción del déficit. Y lo que es más importante, el estigma que supone una sanción, del tipo que sea, en estos momentos, con un gobierno en funciones y los partidos negociando intensamente para evitar la convocatoria de unas terceras elecciones.
