La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno presentará sus alegaciones contra la multa del déficit "inmediatamente después" de que el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) apruebe la recomendación que emitió ayer Bruselas sobre la falta de medidas efectivas de España en 2015.
Si el Ecofin aprubea esta recomendación, que abre el inicio de un procedimiento sancionador a España, en su reunión del próximo día 12 de julio, el Gobierno tendrá 10 días para presentar sus alegaciones explicando las razones por las que la Comisión no debería multar a España por el desvío del déficit en el año 2015. Bruselas, por su parte, tendrá 20 días para proponer una sanción.
El Gobierno, tal y como ha explicado Santamaría, no agotará el plazo y presentará sus alegaciones inmediatamente y mantiene la confianza en que Bruselas finalmente no imponga ninguna sanción a España. Tal y como dijeron ayer el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable del Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, la Comisión puede incluso anular la multa si atiende a esas alegaciones.
Moscivici dijo ayer que la Comisión no quiere castigar a nadie y que tendrá en cuenta la situación económica del país.
De hecho, Moscovici dejó claro que la propia Comisión tiene la posibilidad de recomendar que no haya multa al Consejo en "circunstancias económicas excepcionales" o si lo pide y lo justifica el estado miembro. "No queremos castigar en absoluto, somos conscientes de la situación económica", ha dicho. También cabe la posibilidad de que se imponga la multa, que podría llegar al 0,2% del PIB, unos 2.000 millones, pero que la cuantía de la misma se rebaje a cero y se quede en una sanción simbólica, aunque los fondos europeos que percibe España quedarían congelados.
El Gobierno insistirá en el esfuerzo que ha hecho España
La insistencia de Dombrovskis y Moscovici hace pensar en que la sanción puede quedar en nada. En cualquier caso, aprobar la recomendación sobre la falta de medidas efectivas era un paso necesario para fijar nuevos objetivos de déficit ante la dificultad que tendrán España y Portugal para cumplir lo pactado. Eso sí, la posible anulación de la multa y ampliación de los plazos para salir del procedimiento de déficit excesivo no será gratis: España y Portugal tendrán que tomar nuevas medidas de ajuste.
En las alegaciones, el Gobierno recordará el esfuerzo que se ha hecho durante estos años para reducir el déficit y las últimas medidas que se impulsaron tras la recomendación autónoma en el mes de mayo, que se concretó en un recorte del gasto de 2.000 millones y la petición de un ajuste similar a las comunidades autónomas.
