En la batalla entre el sector del taxi y las empresas de vehículo de transporte con conductor (VTC), el pago de impuestos es uno de los principales argumentos de crítica. Una cruzada que se ha tomado un descanso en verano, tras la mediática huelga del taxi y la promesa del Gobierno de ceder esta competencia a las comunidades. Pero en septiembre vuelve el ruido al sector y los representantes ya toman posiciones.
Este es el caso de Cabify. La plataforma de transporte, y principal tenedor de licencias VTC en España junto con Uber, indica que su contribución a las arcas del Estado ronda los 45 millones de euros. Según explican fuentes cercanas a la compañía, este pago de impuestos se desglosa en los 3,9 millones de euros que pagó de manera directa la plataforma en 2017, triplicando los 1,3 millones de 2016, más los 40 millones que tributaron las empresas que operan con esta app.
Según sus estimaciones, la empresa, cuyo dirigente en España es Mariano Silveyra, logrará superar la contribución del sector del taxi, que calculan que ronda los 60 millones de euros al año. Un dato que surge de contabilizar las cerca de 65.000 licencias de taxis que hay en España y estimar un pago medio por taxi de 916 euros, a través del conocido como sistema de módulos.
Cabify ha intentado reunirse con el Ministerio de Fomento para debatir sobre la situación del sector
Una estimación que no comparte el sector del taxi. Representantes sindicales del sector aclaran que "según un estudio del Ayuntamiento de Madrid, sólo los trabajadores del taxi de la capital contribuyen con más de 90 millones de euros anuales a las arcas del Estado". De nuevo, las cifras de impuestos abren una nueva contienda en el debate entre VTCs y taxi.
Por su parte, Cabify espera que en las próximas semanas se avance en el conflicto entre taxis, VTCs y administraciones. Un escenario en el que han intentado tener un papel relevante solicitando encuentros con el Ministerio de Fomento. Una solicitud que no ha sido contestada por parte del Gobierno. La plataforma opina que su alternativa de darle la competencia a los ayuntamientos "va a generar desigualdad", por lo tanto, esperan una normativa conjunta que ofrezca un mejor marco para el sector de la movilidad.
"100% en España"
En este sentido, otro de los puntos calientes es el lugar donde se pagan los impuestos. Cabify insiste en que "el 100% de la contribución se realiza en España". Como explican representantes cercanos a la compañía, el máximo accionista de la plataforma tiene su sede en Delaware (EEUU), que "muchas veces se interpreta con que la empresa paga sus impuestos allí, pero son dos asuntos diferentes. Cabify es una empresa española y todos los impuestos se pagan aquí", afirman.
Esta plataforma fundada por el segoviano Juan de Antonio está presente en 13 países y en seis ciudades españolas. Su facturación, según las últimas cuentas presentadas, supera ya los 70 millones de euros. Las mismas fuentes indican que la empresa está valorada en estos momentos en más de 1.000 millones de euros.
Una duda que se resolverá en un año y medio, período en el que Cabify quiere poner en marcha su salida a Bolsa. Su intención es cotizar en el mercado español y sacar al mercado un porcentaje "importante" de la compañía. Esto será un nuevo paso para seguir consiguiendo financiación y poner en orden su estructura accionarial, que en estos momentos se compone de más de 300 accionistas.
Esa es la hoja de ruta del consejo de administración compuesto por cinco representantes: uno de Rakuten, del gigante online japonés, otro de Seaya Ventures, el fondo de inversión que lidera Beatriz González (hija del presidente de BBVA), un representante de los inversores Angel List, el propio Juan de Antonio y un hueco vacante. Una silla que, de momento, prefieren no cubrir.
