Las entidades integrantes de la CECA han comenzado una nueva ronda de reuniones con los sindicatos para ajustar los sueldos de sus empleados. La patronal de las cajas propone una serie de recortes y suspensiones de bonus que los representantes de los trabajadores han calificado de drásticos y por ese motivo la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha llegado a amenazar con organizar una huelga sectorial.
Comisiones Obreras también se ha opuesto a las propuestas de la patronal y UGT ha criticado estos recortes en medio de la subida retributiva en los consejos de administración, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes sindicales.
En esta reunión, CECA ha puesto encima de la mesa varios ajustes salariales con el fin de cambiar el modelo de retribución por uno que se base en méritos y no en antigüedad. Para lograrlo se ha incluido como medida principal la suspensión del bonus anual que tiene como nombre "plus convenio" durante los próximos dos años y a partir de 2022, la intención es vincularlo "a los resultados de las cajas y entidades financieras de ahorro".
La CECA también ha puesto el foco en los trienios e insiste en que mantener este modelo de remuneración "absolutamente desvinculado de los resultados no es posible ni sostenible para las entidades". La patronal propone trabajar en conceptos vinculados a resultados que puedan suponer un incremento retributivo en aquellos casos en los que se mejoren los resultados de las entidades.
Sin plus de residencia ni ayudas a los estudios
Adicionalmente, la patronal ha sugerido suprimir el bonus de residencia. Quiere que se mantenga como complemento personal no compensable ni absorbible y que se deje de percibir en el momento que se deje de prestar servicios en el territorio en el que se dio lugar el devengo.
Además, se ha querido vincular una paga y media de la participación en los beneficios a algún parámetro "objetivo" que permita medir la evolución económica de la entidad en el año de referencia. También se ha estudiado que las ayudas a la formación de hijos de empleados sólo se den a aquellos que tengan un salario inferior a los 35.000 euros anuales. Todo ello en un contexto en el que los empleados han visto reducido su sueldo un 5,8% frente al IPC en los dos últimos convenios, según la CIC.
Más allá del convenio
Fuera del convenio las propias entidades ya han comenzado a hacer los ajustes pertinentes. De hecho, Liberbank tiene un proceso abierto. La entidad asturiana pretende ahorrar 22,9 millones de euros al año gracias a la modificación de condiciones de los trabajadores. Tiene la intención de llevar a cabo un plan de contención de gastos, coincidiendo con la finalización del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) firmado en 2017, en un contexto de ralentización económica, bajos tipos de interés y presión sobre los márgenes.
Asimismo, el banco ha propuesto la eliminación definitiva de determinados beneficios sociales procedentes de las cajas que dieron origen a la entidad, como la supresión de cuentas remuneradas, seguros de salud, cesta de Navidad, seguro de vida de empleados, uniformes, pagas por nacimiento, matrimonio y defunción y pagas por 25 años de servicio, entre otros.
