La vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, ha descartado que el Gobierno vaya a decretar un parón total de las actividad empresarial en el país con el argumento de que es necesario que sigan funcionando algunos sectores productivos para que puedan seguir operativos los hospitales y poder seguir combatiendo al coronavirus.
"Para que un hospital funcione tiene que seguir funcionando la industria química y farmacéutica de un país, hacen falta transportes para que el personal sanitario pueda ir a trabajar, es necesario el sector textil para que siga suministrando vestidos y también el sector alimentario que provea alimentos", ha zanjado la vicepresidenta en rueda de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Calviño ha insistido en que es imposible parar toda la actividad y ha prometido que, para tranquilizar a aquellos trabajadores que tengan que seguir trabajando, el Ejecutivo suministrará Equipos de Protección Individual (EPIs) para que puedan seguir haciéndolo sin riesgo de contagios. Este equipamiento escasea también en muchos hospitales del país, que han solicitado nuevos suministros.
La vicepresidenta ha mantenido esta mañana una reunión virtual con los sindicatos y la patronal, a los que ha prometido el suministro de EPIs, la reorganización de turnos de trabajo para que haya un máximo de seguridad y la reorientación de la actividad industrial y productiva del país hacia el material prioritario en este momento: mascarillas, equipos de protección y productos químicos.
Más promesas
El Ejecutivo trabajará también en fijar unos criterios homogéneos para autorizar Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs), que serán por causa de fuerza mayor si son provocados por el coronavirus.
Calviño no ha precisado cómo se materializarán los avales públicos por valor de 100.000 millones de euros que se aprobaron la semana pasada y que deberán llegar a "pymes y autónomos", pero ha avanzado que probablemente en el Consejo de Ministros de este martes se den más datos al respecto.
También ha avanzado que su ministerio está en conversación con otros para analizar posibles medidas adicionales de protección a los colectivos más vulnerables, como las empleadas domésticas, las personas que no tengan derecho a percibir la prestación por desempleo, los arrendadores o aquellos que tengan que cuidar a personas dependientes.
