El Gobierno esperaba aprobar el Real Decreto-ley de prórroga de ayudas el 22 o el 29 de noviembre. Sin embargo, los planes que manejaba Hacienda en octubre se retrasan y ahora mismo no hay fecha, en pleno debate en el seno de la UE sobre la restricción de las medidas y en un momento de enfrentamiento comercial con EEUU, que da alas al café para todos en Europa. En el punto de mira del Gobierno, la rebaja del IVA a la electricidad y al gas, que en el caso de la primera lleva ya año y medio en vigor, y que sopesa retirar, lo que ahora puede plantear como criterio de la UE.
La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido este lunes, como viene apuntando desde principios de octubre, en que se van a limitar ciertas medidas para contener la inflación, como es el caso de la ayuda a los carburantes, que se quiere restringir a los transportistas, y avanzar de una primera fase de choque generalizada hacia una más específica dirigida a los sectores más vulnerables.
"Evidentemente, nuestro objetivo es, en una primera fase, implantar medidas de choque y amplio espectro con un impacto generalizado y, poco a poco, tratar de enfocar a sectores más afectados y más vulnerables", ha explicado Calviño antes de participar en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo.
Según ha explicado la ministra, la contención de la inflación, la eficiencia energética y la reducción del consumo de energía en el conjunto de la economía serán los que la sigan guiando en 2023 la política económica del Gobierno, que a su juicio está "demostrando ser la adecuada y necesaria" porque "ha evitado los escenarios más negativos".
En la misma línea, ha destacado que a su juicio en España las medidas se han revelado "muy eficaces" para poder contener la inflación, aunque el siguiente paso será evaluarlas para ver cuáles se prorrogan a partir del 31 de diciembre y cuáles deben finalizar o limitarse a aquellos colectivos particularmente afectados.
"La reducción del consumo de energía" apunta directamente a las rebajas fiscales a la electricidad y al gas, que además de indiscriminadas en el caso del IVA y regresivas por beneficiar más a las rentas altas, fomentan un consumo que se quiere desincentivar.
Malestar con Bruselas y el FMI
Calviño ha apelado a la discusión en el Eurogrupo como clave para que el Gobierno tome la decisión final y ha dejado entrever cierto malestar con la UE. "Llevo varios meses pidiendo a la Comisión Europea y al FMI, que no se pronuncian, qué elementos creen que son más eficaces. Por el momento, el análisis es bastante parcial", ha revelado.
Y es que las recomendaciones de estos organismos pueden tener elementos contradictorios. Bruselas ha pasado de defender que las medidas podían ser insuficientes, a plantear que incrementan la inflación y a pedir focalizarlas, lo que se ha debatido este lunes, cuando propone mecanismos de control en este sentido.
Así, Bruselas avisó a Calviño en mayo de que las medidas energéticas pueden ser insuficientes contra la inflación, según planteó en el paquete de primavera del Semestre Europeo.
Y en noviembre ha advertido de que prolongar las medidas adoptadas a lo largo de este año para afrontar el aumento de los precios energéticos o aprobar medidas nuevas "contribuiría a un mayor aumento del gasto corriente neto" y a un "incremento del déficit y la deuda previstos para 2023".
Unas medidas que han sido también criticadas por expertos y organismos como Fedea.
Batalla comercial con EEUU
Para complicar más el escenario, el debate sobre la restricción de medidas ha coincidido con un conato de guerra económica con EEUU por sus ayudas al automóvil y a las baterías eléctricos y su plan de medidas antiinflación, que prevé inyectar 369.000 millones de dólares en su economía.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado que la UE debería "ajustar sus propias reglas para facilitar las inversiones públicas" para responder a esta amenaza. En este caso, ha avisado de que "la nueva política industrial de nuestros competidores requiere una respuesta", ya que "existe el riesgo de que pueda dar lugar a una competencia desleal, pueda cerrar mercados y fragmentar cadenas de suministro críticas", lo que ha señalado que "obliga a reequilibrar el campo de juego". En este último sentido se ha pronunciado también Nadia Calviño este lunes.
Este escenario se ha interpretado que puede dar un espaldarazo al plan de estímulos de Alemania, dotado con 200.000 millones.
De momento, la única medida que el Gobierno español ha decidido prorrogar es la del transporte público gratuito, una medida "estrella" para Calviño porque beneficia al conjunto de la población, especialmente a las clases medias y porque supone un uso muy eficiente de los recursos públicos, además de contribuir a contener la inflación. Eso sí, este lunes el Gobierno ha reconfigurado sus requisitos ante los abusos que se veían produciendo.
España ha presentado un segundo escenario en el Plan Presupuestario de 2023 en el que incluye la prórroga de ayudas y la aprobación de nuevas iniciativas por cerca de 10.000 millones extra que tanto Bruselas como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) creen que supone un riesgo para el déficit. De momento, ya contaba con dedicar parte de los 30.000 millones adicionales que preveía recaudar este año por la inflación, cuantía que hasta octubre ya es de 32.285 millones.
