El Canal de Isabel II ha puesto en marcha la que será la mayor licitación en sus 168 años de historia, aunque en un momento de especial incertidumbre para la Comunidad de Madrid, la Administración de la que depende, cuyo parlamento se enfrenta en las próximas horas a una incierta sesión de investidura para la que no hay candidatos propuestos. La compañía llevará a cabo una notable renovación de su amplia red de tuberías a través de un concurso público presupuestado en casi 510 millones de euros, una cuantía sin precedentes para la empresa pública madrileña.
A través de este proceso, el Canal procederá a la renovación de hasta 1.200 kilómetros de su red de suministro, aproximadamente un 7% del total. La actuación se centrará en aquellas tuberías más antiguas que, por los materiales con los que están fabricadas, pueden perjudicar la calidad del agua que llega a los hogares de toda la Comunidad de Madrid.
El Canal considera que los materiales con los que se realizan actualmente instalaciones de este tipo son notablemente mejores y, por lo tanto, repercuten de forma positiva en la calidad del suministro.
Sin embargo, este hito histórico para una de las empresas públicas más rentables de toda España llega en un momento especialmente complicado desde el punto de vista político, toda vez que la Comunidad de Madrid es uno de los tableros en los que se juega la partida a tres bandas entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para gobernar aquellos territorios en los que han logrado sumar mayoría absoluta.
El bloqueo para formar un gobierno regional es tal que la sesión de investidura se llevará a cabo sin una propuesta de candidato para presidirlo, después de que las negociaciones entre los tres partidos no haya llegado a buen puerto. Una situación que podría derivar en una repetición de las elecciones y en un cambio en el color del Ejecutivo.
Medida del Plan Estratégico
No obstante, el macrocontrato se enmarca en el Plan Estratégico 2018-2030 del Canal de Isabel II, aprobado a lo largo de la pasada legislatura y en el que fijaron una serie de prioridades, entre las que se encontraba la mejora de la calidad del suministro, según explican desde la compañía. De este modo, la actuación se desmarca del escenario político en el se encuentra actualmente la Administración autonómica madrileña.
De hecho, para abordar esta licitación sin precedentes por su volumen presupuestario, el Canal de Isabel II no tiene previsto recurrir a ningún mecanismo de financiación externa. Como el resto de actuaciones previstas en el Plan Estratégico, la compañía empleará recursos propios para costearla.
La licitación también llega en un momento significativo desde el punto de vista financiero, toda vez que las agencias Moody’s y Fitch han rebajado las calificaciones sobre la emisión de bonos lanzada hace cuatro años por la compañía. El motivo ha sido la decisión del Canal de aprobar un dividendo de 128 millones de euros pese a la posibilidad de que los bonistas soliciten la amortización anticipada debido a la decisión de la Fiscalía colombiana de decretar la intervención de la filial Triple A en el marco de la investigación de la trama Lezo.
Diez lotes, diez contratistas
Aunque ocho meses después de que los bonos entraran en causa de amortización anticipada ningún tenedor la ha solicitado, las agencias estimaron que la entrega del dividendo (cuyo principal beneficiario es la Conunidad de Madrid, como accionista mayoritario) debilitaba la posición de liquidez del Canal y dejaba a la empresa demasiado expuesta.
El Canal de Isabel II considera que los riesgos están cubiertos gracias a la línea de liquidez que tiene concedida por una serie de entidades financieras, aunque el hecho de no haber dispuesto aún de ella, por motivos de ahorro de costes, ha penalizado a la compañía con vistas a las agencias de calificación.
El contrato para la sustitución de tuberías está dividido en 10 lotes con el fin de sumar las capacidades de actuación simultánea de distintos licitadores. De hecho, los pliegos impiden que un mismo contratista se haga con más de un lote.
