El Tribunal Supremo ha tumbado los dos recursos presentados por Vox contra el nombramiento de Cani Fernández como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Carlos Aguilar, consejero del organismo a propuesta de Unidas Podemos, según dos autos consultados por Vozpópuli fechados el pasado 13 de mayo.
En concreto, el grupo parlamentario que encabeza Santiago Abascal había presentado el pasado 30 de junio un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno el 16 de junio en el que se acordaba la renovación de la cúpula de la CNMC.
A juicio de Vox, el pasado de Fernández como socia de Cuatrecasas le generaba un conflicto de interés tan grande que hacía imposible su nombramiento como presidenta del regulador. La abogada, que en el pasado ha litigado tanto contra el regulador como contra el Reino de España, siempre ha recalcado que no tendrá inconveniente en inhibirse en cualquier asunto en el que pueda estar conflictuada.
Para muestra, el ejemplo de Mediaset, Durante su última etapa en el despacho, Fernández fue la asesora de la compañía en la investigación que abrió Competencia por el duopolio publicitario que formaba con Atresmedia. Desde que fue nombrada, la abogada se ha abstenido de participar en cualquier reunión en la que se haya tratado el expediente, que ha pasado a los tribunales tras los recursos de las cadenas.
Falta de legitimación activa
La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha tumbado ambos recursos por falta de legitimación activa, manteniendo así la línea jurisprudencial en este tipo de recursos. En este sentido, el tribunal recuerda otros casos en los que se ha tratado la legitimación de partidos políticos de todo pelaje a la hora de presentar recursos de este tipo. Todos ellos han sido desestimados.
El Congreso, a través de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, avaló el nombramiento de la nueva presidenta con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV. PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra.
Cani Fernández está considerada como una de las mayores expertas en derecho comunitario dentro y fuera de España. La letrada, que ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera en las filas del bufete, también fue abogada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entre 1994 y 1997 y es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) y Toulouse School of Economics. Habla inglés y francés.
Hace dos años, la presidenta fue premiada por el directorio jurídico Chambers con el 'Outstanding contribution to the legal profession' por su acreditada aportación al sector legal, siendo la primera mujer en lograr este reconocimiento.
